Sin acuerdo para la reforma de la Ley de Extranjería

El Gobierno, PP y los ejecutivos canarios y ceutí fracasan en la negociación sobre la acogida de los menores migrantes

Informa: RTVC.

El Gobierno central, el PP y los ejecutivos de Canarias y de Ceuta se reunían este jueves, tras casi dos meses de negociaciones suspendidas, para tratar de encontrar una respuesta a la acogida de menores migrantes.

Con los recursos de acogida de Canarias y de Ceuta saturados desde hace meses. El reparto de esos menores entre comunidades autónomas sigue sobre la mesa tras el fracaso de la iniciativa legal para reformar la Ley de Extranjería y hacer obligatoria la participación de las autonomías por el voto en contra del PP y de Junts.

Reunión del Gobierno por la reforma de la Ley de Extranjería. (Archivo) Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial
(Archivo) Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial

Finalmente, no hay acuerdo

La reunión ha terminado sin acuerdo y el Gobierno ha insistido durante ella, que la solución debe pasar por la reforma del artículo 35 de la Ley de extranjería para que las comunidades autónomas se vean obligadas a acoger a esos menores.

Por su parte, el PP ha exigido al Ejecutivo que ponga sobre la mesa un debate más a fondo sobre la política migratoria.

El ministro de Política Territorial y responsable de la comisión interministerial sobre Inmigración, Ángel Víctor Torres, acudía a la reunión convencido de que «la única respuesta posible» al actual bloqueo es el cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que la acogida en las comunidades autónomas pase a ser obligatoria«.

El PP apuesta por su acuerdo con Clavijo

El PP llegó a esta reunión sin moverse de su posición inicial, contenida en el acuerdo firmado entre el presidente canario, Fernando Clavijo, y el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

Y, según las fuentes, esa posición no la mueve el órdago lanzado por Vox de suspender las negociaciones para los presupuestos autonómicos hasta que el PP no se desmarque de un posible acuerdo migratorio.

Los populares mantienen que es el Gobierno quien debe moverse, aunque dudan de que el Ejecutivo quiera alcanzar realmente un acuerdo y se sientan en la mesa en señal de respeto a Canarias y Ceuta.

Las exigencias del PP, que representan también a las comunidades autónomas donde gobierna esta formación, incluyen distribuir a los menores migrantes no acompañados entre los países comunitarios o desplegar Frontex en El Hierro. Además de, un incremento de recursos para la acogida.

Canarias, discreción para acercar posturas

Fernando Clavijo seguía dispuesto a facilitar un acuerdo que se pueda llevar dentro de una semana a la Conferencia de Presidentes para que lo discutan y validen las demás comunidades autónomas.

El Gobierno canario había preferido no hacer ningún comentario para no interferir en las negociaciones, a las que el PP retorna, entre otros motivos, a petición suya.

Solo reiteraron que, si el acuerdo no es posible, Clavijo trasladará su propia propuesta a la Conferencia de Presidentes de Santander, con los criterios que en Canarias respaldan todos los partidos políticos parlamentarios, con la única salvedad de Vox.

Canarias tutela en este momento a más de 5.400 menores en 86 centros, una cifra que supera en 300 % su capacidad. La comunidad calcula en 160 millones de euros el gasto que ha afrontado en lo que va de año en la acogida de todos estos niños y adolescentes, computando no solo su manutención y alojamiento, sino también educación, sanidad y asistencia jurídica.

Ceuta apelaba a la solidaridad interterritorial

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, consideraba necesaria la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que los territorios receptores de esta inmigración infantil puedan derivar menores a otras autonomías y que se haga un reparto justo y equitativo, apelando a la solidaridad interterritorial. Vivas explicaba que confiaba en que se alcanzara un acuerdo.

En Ceuta hay actualmente 428 menores acogidos, una ocupación del 386% de la capacidad total de los recursos de la ciudad autónoma.

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