El TSJC inicia el juicio contra Roger Torrent y la Mesa del Parlament por tramitar resoluciones a favor de la autodeterminación y contra la monarquía
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzga desde este miércoles al conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y a los miembros de JxCat y ERC de la Mesa que presidió en el Parlament, por un delito de desobediencia al tramitar resoluciones vetadas por el Constitucional.
Torrent y los miembros de la Mesa están acusados de desoír las advertencias del Tribunal Constitucional que impedían tramitar dos resoluciones a favor de la autodeterminación y de reprobación de la monarquía, con las que el independentismo pretendía dar respuesta política a la sentencia del «procés», en noviembre de 2019.
Es, por tanto, la segunda vez que una Mesa del Parlament acaba en el banquillo: la desobediencia al TC en la tramitación de las leyes del «procés» ya costó penas de entre 8 y 20 meses de inhabilitación a los compañeros soberanistas de la expresidenta de la cámara catalana Carme Forcadell.
Petición de la Fiscalía
En esta ocasión, la Fiscalía Superior de Cataluña pide un año y ocho meses de inhabilitación, además de 30.000 euros de multa, para Torrent y para los exdiputados de JxCat Eusebi Campdepadrós -actual secretario de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat- y Josep Costa.
A Adriana Delgado, alcaldesa de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) que era miembro de la Mesa por ERC y participó solo en una de las tramitaciones de las resoluciones vetadas por el Constitucional, la Fiscalía le pide un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.
El juicio tuvo que aplazarse en una primera ocasión y comienza entre dudas sobre la composición del tribunal, después del incidente de nulidad que la Fiscalía ha presentado para que se revoque la recusación del magistrado Carlos Ramos.
A raíz del incidente de nulidad, las defensas de los procesados solicitaron la semana pasada la suspensión del juicio, pero el TSJC ha optado por mantener la vista, pese a que el calendario impedía que el recurso de Fiscalía estuviera resuelto antes de hoy.
Aplazado en julio
El juicio a la Mesa del Parlament ya fue aplazado el pasado mes de julio para sustituir al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, que fue apartado del tribunal que enjuiciará a la Mesa al verse «comprometida» su «apariencia de imparcialidad» porque en 2018 abandonó un acto donde Torrent habló de «presos políticos».
Un mes después, el TSJC apartaba también al magistrado Carlos Ramos -con los votos particulares contrarios de dos de los seis magistrados de la sala-, al entender que algunas expresiones que utilizó en un auto del proceso revelaban un «apasionamiento personal» y suscitaban «la legítima sospecha de falta de imparcialidad».
Otra de las incertidumbres que planea sobre el juicio a la Mesa deriva de la insólita situación provocada por Josep Costa, exvicepresidente primero de la cámara y abogado de profesión, quien ha renunciado a ser representado por un letrado en el juicio y ha optado por defenderse personalmente.
El TSJC ordenó que el Colegio de Abogados asignara un abogado de oficio a Costa, pero el exdiputado recurrió esa decisión y la sala acabó por retirárselo y permitir que sea él mismo quien ejerza su defensa.
Josep Costa no reconoce la autoridad del TSJC
A lo largo de la causa, Costa se ha negado a reconocer la autoridad del TSJC para procesarlo, por lo que plantó a la magistrada Maria Eugènia Alegret cuando el pasado mes de septiembre lo citó a declarar como imputado junto al resto de investigados, lo que motivó su detención para que compareciera ante la instructora, trámite indispensable para seguir adelante con la causa penal.
Ese precedente plantea la incógnita de si el acusado optará también por no acudir a su juicio, con lo que seguiría los pasos del expresidente catalán Quim Torra, quien el pasado mes de marzo fue juzgado en ausencia por desobediencia tras negarse a sentarse en el banquillo.
