Noemí Santana asegura que los presupuestos 2023 son una apuesta decidida del gobierno canario por los derechos sociales, y ha subrayado que el actual ejecutivo regional ha fortalecido el estado del bienestar
La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, ha destacado que el presupuesto para el próximo año certifica la apuesta decidida del gobierno canario por los derechos sociales, que, ha señalado, han pasado del segundo plano en el que han estado durante más de veinte años a ser una prioridad absoluta.
Planteamiento que no han compartido desde la oposición, y así Vidina Espino, del grupo Mixto, ha hablado de mala gestión, mientras que Poli Suárez, del PP, ha denunciado que se ha dejado de ejecutar presupuesto los años anteriores, y Cristina Valido (CC) ha hablado de la falta de cambios estructurales y de que lo que está mal seguirá así o peor.
Durante la comparecencia de Noemí Santana para explicar el presupuesto de su departamento para el próximo año, la consejera ha subrayado que el actual ejecutivo regional ha fortalecido el estado del bienestar.
Noemí Santana, de Sí Podemos Canarias, ha señalado que el presupuesto de su departamento subirá en cuatro años el 45%, al pasar de 462 a 669 millones de euros, cifra esta última superior en 89 millones a la de 2022, con lo que se producirá un incremento del 15,38 por ciento respecto a este año.
El doble de personas reciben el PCI
Según la consejera, se cumplirá de manera «sobrada» lo previsto en la ley de servicios sociales, y ha hecho hincapié Noemí Santana en que se ha doblado el número de personas que reciben la Prestación Canaria de Inserción (PCI), así como el dinero que reciben los ayuntamientos para servicios sociales, y habrá más presupuesto para luchar contra la violencia machista.
Además, ha señalado, se ha logrado la «histórica» cifra de 4.500 altas en cuestión de meses en el sistema de la dependencia.
También ha subrayado que se ha asumido y gestionado la emergencia migratoria, de forma que hay más de 5.000 menores tutelados, y se ha gestionado y ejecutado más dinero que en legislaturas anteriores, de forma que en 2022 se ejecutó el 92 por ciento del presupuesto y este año se está en el 70%.
Dependencia y pobreza extrema
La portavoz del grupo Mixto, Vidina Espino, ha afirmado que una vez más el pacto de gobierno demuestra que no son prioridad los menores ni las personas en situación de dependencia o discapacidad, porque de serlo, ha indicado, sería este departamento el que más crecería.
Vidina Espino ha recordado que en Canarias unas 600.000 personas viven en situación de pobreza y ha criticado que el ejecutivo canario ha dejado pasar el tiempo para presentar a última hora una propuesta de ley de renta ciudadana, y ahora, ha añadido, apenas tiene dotación económica.
La diputada del grupo Mixto también ha cuestionado que hay más de 300 personas mayores abandonadas en los hospitales de las islas, y ha afirmado que este departamento ha dejado de ejecutar dinero en los años anteriores en dependencia.
Renta ciudadana
La diputada de Agrupación Socialista Gomera (ASG) Melodie Mendoza, ha pedido a la consejera que sigan trabajando con el compromiso que han demostrado hasta el momento, y ha dicho que los datos avalan que se avanza hacia una Canarias mejor que la de hace cuatro años.
Melodie Mendoza ha estimado que es vital la renta de ciudadanía, que espera esté operativa en 2023, y también ha elogiado el aumento en las partidas de dependencia y discapacidad, que tendrán una dotación de 309.366.868 euros, una subida del 14,62%.
La diputada de Sí Podemos Canarias, María del Río, ha expresado su alegría por el aumento presupuestario, al pasar de 592 millones de 2022 a 681 el próximo año, y ha hecho hincapié en que este presupuesto es un compromiso serio por llegar a la gente más necesitada.
El portavoz de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, ha dicho que para las personas es todo el dinero del presupuesto, no solo el de este departamento, y ha apuntado que siempre se ha estado peor que ahora en materia de derechos sociales.
Problemas para pagar las viviendas
El diputado del grupo Popular, Poli Suárez, ha señalado que la realidad no está para «titar voladores» y ha aportado datos como que 340.000 personas viven en situación de pobreza severa y han aumentado los problemas para pagar la vivienda. También ha criticado la baja ejecución presupuestaria en algunas partidas.
Poli Suárez ha insistido en que a pesar de disponer de más dinero que «nunca» la Consejería ha dejado de ejecutar 200 millones de euros desde 2019, y, sin embargo, su titular «se atreve a hablar de escudo social«.
Jesús Machín y Cristina Valido, del grupo Nacionalista, han reconocido que hay más recursos, pero no por buena gestión, sino porque hay más dinero del exterior.
Valido, anterior titular de este departamento, ha apostillado que el presupuesto de derechos sociales ha subido desde que ella tiene memoria.
También ha criticado que se sigue sin atender en aplicación de la ley de dependencia y tampoco hay más dinero para la construcción de nuevos centros, para añadir que el próximo año lo que está mal financiado seguirá igual o peor.
Desde el grupo Socialista, Lucía Tejera y María del Pino González, han destacado la especial atención que desde este departamento se da a las familias y a las personas más vulnerables, así como el aumento de los servicios y ayudas para luchar contra la violencia machista.
