Valoraciones visuales rápidas de la Policía o la imposición de fechas de nacimiento arbitrarias son algunos de los errores del sistema
Save The Children denunció que España presenta «fallos sistémicos» al determinar la edad de los jóvenes migrantes que llegan a sus costas. Errores como una gran dependencia de valoraciones visuales rápidas de la Policía, imposición de fechas de nacimiento arbitrarias o el abuso de pruebas médicas poco certeras.

Así lo señaló la entidad especializada en protección a la infancia en su informe ‘Cruzando Fronteras’, que analiza el tratamiento a los niños migrantes en las fronteras de cinco países europeos, entre ellos España, con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora el próximo 20 de junio.

Determinar la edad
Determinar la edad de los jóvenes migrantes que llegan solos al país es crucial, ya que define si acceden a tutela, alojamiento, educación y residencia legal, o si quedan expuestos a la violencia, explotación y a vivir como adultos sin papeles.
La investigación, basada en entrevistas a menores y profesionales, pone de manifiesto que España presenta «graves deficiencias» en la protección procesal de los menores, recurriendo con frecuencia a métodos arbitrarios.
En estas valoraciones, según concluye la ONG, casi nunca se tiene en cuenta el testimonio del joven o de profesionales como mediadores culturales o psicólogos como prueba válida. A menudo, las autoridades llegan a rechazar documentos oficiales, como pasaportes originales de Gambia, por considerarlos pocos fiables.
Abogados y ONG señalan en el informe que, en muchas ocasiones, se registra la fecha de nacimiento por defecto en 1 de enero porque la Policía pregunta al joven en un momento «muy estresante, justo tras el desembarco» y muchos dicen solo el año.
En otros lugares, como Tenerife, se recurre de forma sistemática a pruebas médicas como radiografías o tests de densitometría, a pesar de cuestionarse por su escasa idoneidad, sus sesgos raciales y su amplio margen de error, señala la entidad.
Menores sin protección
Estas fallas del sistema pueden dar lugar a incoherencias como las marcadas en este informe por un trabajador social en Canarias, que relata que, cuando se les pregunta a los niños y niñas qué edad tienen, muchos responden: «¿En España o en mi país?».
Esta ONG añade haber constatado que los niños y adolescentes migrantes que llegan a Canarias sufren «detenciones de facto», al ser retenidos en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) bajo supervisión policial y con libertad de movimiento restringida.
En algunos casos, como en El Hierro, los niños y adolescentes menores de edad han permanecido junto a adultos varios días en condiciones inadecuadas, alojados en tiendas de campaña instaladas en el puerto.
La ausencia de un tutor legal físico e individualizado limita la representación y el apoyo personalizado y estable al joven en procesos clave, como las pruebas de edad o las entrevistas de asilo, lo que con frecuencia conduce a estas clasificaciones erróneas y vulneraciones de derechos.
La entidad también llama la atención sobre la falta de un sistema de evaluación temprana de vulnerabilidades para las personas que llegan por vía marítima. Pese al elevado nivel de trauma entre los menores migrantes, los servicios de salud mental son mínimos, no hay psicólogos en los CATE, y las barreras lingüísticas y la escasez de personal limitan el apoyo.