La III Conferencia de Presidentes insulares avanza en dependencia con un Protocolo de Situaciones de Emergencias Sociosanitarias para 2025
La III Conferencia de Presidentes de los Cabildos insulares reunida en Tenerife ha sacado adelante un Protocolo de Situaciones de Emergencias Sociosanitarias que aplicará en 2025.
Gobierno de Canarias y los 7 cabildos han establecido un marco de cooperación en políticas de dependencia hasta 2028. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que esta nueva hoja de ruta supondrá “la transformación” del sistema de dependencia en Canarias ya que redefine “las competencias de las administraciones, mejora la financiación y hará justicia con las personas que más lo necesitan”.
Las Comisiones Mixtas de los cabildos analizarán cada estrategia insular para llevar a cabo una red pública de cuidados en el archipiélago.
Sistema de cuidados
Clavijo ha asegurado en la rueda de prensa posterior que el nuevo convenio fortalecerá el sistema de cuidados en las islas. En este sentido, ha reconocido las carencias por «el incumplimiento del Estado con respecto al 50% de la financiación». Ha destacado que sólo ha facilitado el 22%.
El Consejo de Gobierno antes de las vacaciones de agosto aprobará este plan que comenzará a aplicarse con carácter retroactivo en enero de 2025.
Plazas para dependencia
Las plazas sociosanitarias se actualizarán precio/plaza de forma progresiva hasta 2028. Con un incremento de un 23,49 % (pasando de 86,15 € por plaza/ día en 2024 a 106,39 € por plaza/día en 2028) en el caso de las plazas para residencia mayores con alto requerimiento sanitario; un 25,28% en el caso de las plazas en residencias de requerimiento medio (de 70,83 € a 98,46 € por plaza/día); o un incremento del 56,11 % en el caso de las plazas en centros de día para mayores (pasando de 39,17 € a 61,15 € por plaza/día).
La Comunidad Autónoma invertirá 16 millones de euros en el sistema de transportes. En este aspecto, se contempla una actualización del coste por hora establecido en 14 euros/hora a 22 euros/hora y que coincide con el precio fijado por el Ejecutivo en la licitación del servicio de ayuda a domicilio para las islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Tenerife, que se encuentran en su última fase de tramitación.
El nuevo convenio mantiene la competencia de los cabildos en la gestión y asignación de plazas, así como determina nuevas obligaciones relacionadas con la herramienta digital SIDECAN para el seguimiento y la evaluación del sistema, gestión de listas de espera.
Reto demográfico
La Estrategia Canaria del Reto Demográfico y Cohesión Territorial ha avanzado con la aprobación del Plan de Acción Ejecutivo que recoge 43 medidas y 428 acciones. Clavijo ha subrayado que “nace de las aportaciones de toda la sociedad canaria: administraciones públicas, instituciones académicas, agentes sociales, económicos y de la ciudadanía».
Algunas de esas medidas son la limitación de compra de viviendas a ciudadanos extranjeros y solucionar el problema habitacional en los municipios mayor tensionados.
Un Plan de Acción que tiene un doble enfoque dirigido a la fijación poblacional en las medianías y municipios de reto demográfico y medidas de contención y equilibrio poblacional en las áreas más tensionadas.
También, recoge medidas para mejorar el acceso a la vivienda y acciones concretas para la protección y el desarrollo del territorio, y en ámbitos como la educación, el medio ambiente, el turismo o la cohesión y desarrollo territorial.
Según Clavijo, «estamos ante una Estrategia que será una hoja de ruta no de este Gobierno sino de Canarias y para Canarias”.
Tras el visto bueno de la Estrategia de Reto Demográfico y del Plan de Acción el siguiente paso será la aprobación de ambos documentos por el Consejo de Gobierno en el último trimestre de este año y la incorporación de la ficha financiera en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2026.
De forma paralela, se trabaja en la que será la futura Ley de Reto Demográfico y Cohesión Territorial que permitirá establecer un marco jurídico y vinculante, adaptar la normativa, fortalecer el marco competencial de las entidades locales y cabildos
