El expresidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, compareció este lunes en la comisión de investigación por la compra de material sanitario en el Parlamento de Canarias
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, además expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha comparecido este lunes ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario durante la pandemia.
Declaraciones previas a la comparecencia
El expresidente de Canarias ha aventurado que la comisión del Parlamento autonómico que investiga la compra de material sanitario en la pandemia se cerrará con «unas conclusiones claras: en Canarias se hicieron las cosas de la mejor manera posible«.
Antes de comparecer en la comisión, Torres ha señalado en declaraciones a los medios que, «como se ha visto» en estos meses en los que han desfilado por la misma empresarios y diferentes cargos del Ejecutivo canario en la anterior legislatura, se gestionó la crisis sanitaria de la mejor manera posible».
Y se consiguió, ha abundado Torres, que las mascarillas y los EPIs «llegaron a los sanitarios y a la sociedad civil».
También ha deslizado que le hubiera gustado que «una comisión semejante se hubiera celebrado en otros parlamentos autonómicos«, lo que no ha sucedido porque «no han querido algunos presidentes autonómicos» ni «algunos grupos políticos» que gracias a su mayoría en el Senado hicieran comparecer solo a «representantes de otras fuerzas políticas».
«Creo que hay que ser mucho más transparentes como Canarias y que representantes del PP que presiden esas comunidades también tendrían que estar citados en el Congreso o el Senado», ha ahondado el ministro.
Por último, ha lamentado haber sido objeto durante meses de «acusaciones muy graves» que ha tenido que «desmontar», como que estuvo con «mujeres explotadas sexualmente» o «de tener pisos o haber pedido mordidas»; pese a lo cual el PP «sigue con la difamación y la infamia».
«A ver si el PP de Canarias hoy es capaz de pedir disculpas» en la comisión parlamentaria, ha cerrado.
Torres defiende su gestión
El expresidente canario ha comenzado su intervención respondiendo al diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramon Ramos Chinea, ratificando lo que ya ha afirmado en anteriores comparecencias en relación a las compras realizadas durante la pandemia y especialmente en los primeros momentos de la misma cuando no había material.
Torres ha defendido una vez más la gestión del Gobierno de Canarias durante la pandemia y admitió que el principal objetivo «era salvar vidas».
Durante su comparecencia, el ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha afirmado que no va a salir «ningún audio» suyo que contenga ilegalidades por más que muchos estén «salivando» con un posible informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
Torres ha responsabilizado al Servicio Canario de la Salud de la compra del material sanitario durante la pandemia y negado que haya dado orden de contratar a una empresa determinada.
Contratación de emergencia
Ha reconocido que en la pandemia hubo «serias dificultades» para conseguir material, y esa era la prioridad de su Gobierno, que se amparó en la contratación de emergencia, un mecanismo que «no era normal» pero «era legítimo», y que en el caso de Canarias, solo un expediente, el de RR7, salió mal, de un total de casi 1.400, se abonaron cuatro millones de euros en dos pagos por un millón de mascarillas que no llegaron.
Ha dicho que se enteró de ese contrato cuando se publicó la noticia en el periódico Canarias7 y ha admitido la autocrítica de que debían haber «sabido», pero lo achacó a que se ya había iniciado el expediente de embargo.
En ese sentido, ha negado que hubiera alguna gestión para favorecer a la empresa dado que es amigo personal del cuñado del administrador de RR7, Rayco González.
Responsabilidad del SCS
Torres no ha querido cargar «toda la responsabilidad» de los contratos en la exdirectora de Recursos Financieros del SCS, Ana María Pérez, que lo hizo «lo mejor posible», pero ha dejado claro que la competencia en los contratos quedaba en manos de los servicios técnico y jurídico del SCS.
Menos aún, ha comentado, en el comité de gestión sanitaria, conformado por algunos científicos y donde se evaluaban las necesidades que presentaba la pandemia y se daban consejos para la toma decisiones, por ejemplo con la reapertura del curso.
Asimismo, ha remarcado que «en ningún caso» se decía a qué empresa había que contratar dado que cualquier ofrecimiento que llegaba al seno del Gobierno se «vehiculizaba» a través del SCS.
Torres ha indicado que ya se han tomado responsabilidades políticas por la gestión en la pandemia como el cese del director del SCS, Conrado Domínguez, investigado por la ‘caso mascarillas’, aparte de que se él mismo se presentó a las elecciones autonómicas de 2023 y las ganó y con más votos al frente de la circunscripción insular, no pudo gobernar en virtud del pacto CC-PP.
No obstante, ha reclamado presunción de inocencia para Domínguez. «Dejemos que la justicia avance y se culmine», ha indicado.
Sobre el cese de Teresa Cruz, la consejera de Sanidad al inicio de la pandemia, ha comentado que se vivía «un momento muy complejo y había que hacer un trabajo conjunto de equipo» por lo que optó por otra fórmula que tuvo «éxito».
Ha dicho que es una política de «tremenda validez» y no ha ocultado que tendrá «responsabilidades altísimas», al tiempo que no quiso enjuiciar sus acusaciones de machismo en el seno de su Ejecutivo.
Soluciones de Gestión y Megalab
Cuestionado por Soluciones de Gestión, empresa implicada en el ‘caso Koldo’ con contratos adjudicados en Canarias por 12,4 millones, ha dicho que la propuesta llegó a través de Antonio Olivera, exsecretario de Estado y exdirector del SCS, y que era una empresa que había trabajado con el Ministerio de Transportes.
Torres no ha podido certificar quien recomendó la empresa a Olivera y ha precisado que si hubiera habido «compincheo», no se hubiera bloqueado el primer contrato, que «tuvo dificultades», al tiempo que ha negado hacer gestiones para adelantar pagos, en relación a un audio de una conversación con el exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García.
De Olivera ha comentado que «hizo una labor magnífica» en su Gobierno y «podrá salir lo que quiera, es una persona honesta y honrada», si bien no ha querido decir explícitamente que ponía la mano en el fuego por él.
Sobre Megalab, empresa que captó casi 5,4 millones en contratos en Canarias, ha vuelto a decir que no recordaba que se había reunido con el empresario Ignacio Díaz Tapia, no sabría quien es aunque sí hubo un encuentro en el Parlamento en verano, y ha enmarcado la reunión en los intentos de Canarias para organizar «viajes seguros» y el decreto turístico de antígenos, pero no salieron ninguna de los iniciativas y de hecho en su Gobierno acabaron «muy enfadados» con el Gobierno central por su negativa.
Hasta el 20 de octubre
La comisión, presidida por el diputado del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), se ha prorrogado hasta en dos ocasiones y tiene de plazo hasta el próximo 20 de octubre para elaborar su escrito de conclusiones en el que participarán diputados de los siete grupos parlamentarios.
Por la sede de Teobaldo Power han pasado en estos meses el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, o el empresario y presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, que se acogió a su derecho a no declarar.
Asimismo, el propio Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, dio plantón a la Cámara, que decidió poner los hechos en manos de la Fiscalía.
