María Guardiola ha reclamado más empatía y comunicación al Gobierno de España para abordar el traslado de migrantes a la península
La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha requerido al Gobierno central más «empatía» y menos «soberbia» para abordar de forma coordinada la crisis migratoria en Canarias y el traslado de migrantes a la península.
«Lo que no puede ser es que el ministerio traiga migrantes a la península, los lleve a cualquier pueblo de nuestra comunidad y no avise ni al alcalde ni a los presidentes autónomos», ha reprochado este jueves.
Según ha explicado Guardiola, en la Junta se han enterado a través de las redes sociales del traslado de 140 migrantes a Malpartida de Cáceres. «Ni el alcalde ni yo teníamos conocimiento de nada» afirmó. Ante esta situación ha pedido al ministerio encabezado por José Luis Escrivá que haya «lealtad institucional y coordinación» y que se informe a las CC.AA.
La coordinación, según ha valorado la presidenta extremeña es una cuestión «sencilla» para poder dar la atención que «merecen estas personas que sufren en sus carnes el drama humano». «Me parece que hay que tener un poquito más de empatía, que esa soberbia que tiene el Gobierno no beneficia absolutamente a nadie», ha afeado.
Sobrado dos Monxes recibe este jueves migrantes llegados a Canarias
Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración ha confirmado que finalmente la localidad coruñesa de Sobrado dos Monxes recibirá este jueves migrantes llegados a Canarias.
«Tal y como estaba previsto, el albergue de Sobrado dos Monxes comenzará a formar parte de la red de acogida del Ministerio«, ha indicado el Gobierno en un comunicado. Será este jueves cuando lleguen a dicho municipio las primeras personas llegadas a las costas españolas en las últimas semanas.
Todo ello después de que el pasado martes O Porriño (Pontevedra) acogiese a los 40 migrantes que inicialmente iban a llegar a Sobrado dos Monxes, tras descartarse esa opción entre críticas del alcalde socialista, Lisardo Santos, que señaló que el ayuntamiento no tuvo «ninguna comunicación oficial, ni por parte de la Delegación del Gobierno en Galicia ni del Ministerio».
