El Colectivo Turcón Ecologistas en Acción pide la intervención de Fiscalía y Costas ante los movimientos de tierra con maquinaria pesada en la Playa y Barranco de Veneguera
Los activistas del Colectivo Turcón Ecologistas en Acción han puesto en conocimiento de la Fiscalía y la Dirección General de Costas que se están llevando a cabo obras en una zona protegida de a Playa y Barranco de Veneguera. Aseguran que ha ocurrido dentro de los límites de la servidumbre y de la protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) de la Demarcación de Costas de Canarias.
Entiende el colectivo, al igual que otros agentes sociales, que la empresa se ha excedido en su actuación de cara a corregir los perfiles de playa y barranco. Su preocupación viene porque interpretan estas actuaciones como «improvisadas, sin los correspondientes permisos habilitantes y fruto de un exceso de confianza, diligencia desmedida y desproporcionada frente a los efectos de una borrasca (fenómeno natural) en una zona natural y poco antropizada», señalan en un comunicado.
Documentado
Según el colectivo, las imágenes y testimonios recogidos por numerosos ciudadanos muestran cómo maquinaria pesada eliminaba el talud natural característico de las playas del oeste de Gran Canaria. Denuncian que se han arrastrado grandes cantidades de cantos rodados y áridos desde la propia playa hacia la zona del antiguo aparcamiento, donde ese material se acumuló para la sepultación del mismo.
Ante esta situación, se preguntan «en qué consiste exactamente el supuesto proyecto de “renaturalización” de LOPESAN en Veneguera. Qué actuaciones contempla además de las ya ejecutadas y bajo qué criterios técnicos, ambientales y administrativos se están llevando a cabo estos movimientos de áridos y cantos rodados dentro de un espacio protegido perteneciente al Parque Rural del Nublo».
Piden responsabilidades políticas
Los ecologistas exigen conocer qué administraciones han autorizado estas actuaciones, si existen informes ambientales públicos que las avalen y cuáles son los «verdaderos objetivos de intervención» sobre la playa y su entorno.
Ponen el foco especialmente en el «temor creciente de que este tipo de actuaciones puedan terminar derivando, de manera progresiva, en una limitación del acceso libre y público a uno de los últimos espacios semivírgenes que quedan en Gran Canaria».
Señalan a LOPESAN
En este sentido, insisten en su preocupación «especialmente por los antecedentes ambientales de LOPESAN en el propio barranco de Veneguera». Consideran que resulta una «contradicción absoluta» que se presente como “renaturalización» un proyecto promovido por una empresa «señalada desde hace años por actuaciones altamente agresivas sobre el propio barranco de Veneguera», indican.
En concreto, acusan a LOPESAN de haber «destruido importantes zonas de tarajales en el cauce, eliminado valiosos hábitats de tabaibal cardonal centenarios en la ladera conocida como Tabaibales -también para la plantación de nuevos cultivos-«. También de haber «modificado el cauce en multitud de ocasiones». Y por último, de «destruir un yacimiento arqueológico de enorme valor patrimonial en 2023. Hechos que actualmente continúan bajo investigación judicial, y han cortado accesos y caminos, entre muchas otras cosas», concluyen.
Sospechas sobre la finalidad real del proyecto
Por todo lo expuesto, Turcón reflexiona sobre la posibilidad de que estos movimientos no formen parte de «un verdadero proyecto ecológico, sino ante un nuevo episodio de intervención progresiva sobre un espacio emblemático de los que quedan en nuestra isla».
«Nos preocupa profundamente que estas actuaciones puedan formar parte de una estrategia paulatina de control territorial y limitación del acceso ciudadano a un espacio natural que pertenece emocional, cultural y socialmente al conjunto del pueblo canario», explican.
Prueba de ello, insisten, es que «si realmente existe una voluntad de renaturalizar”, LOPESAN aplicaría «ese mismo criterio sobre las extensas zonas del litoral del sur de Gran Canaria destruidas durante décadas por el modelo turístico y urbanístico que precisamente enriqueció a su grupo empresaria»l.
Ante esta interpretación, los ecologistas solicitan como medida cautelar para «contener los efectos de esta intervención» el precinto de las obras que se están ejecutando. Además, piden «a los investigados a que se abstengan de continuar con las obras iniciadas bajo apercibimiento de poder incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad».
