Los vigilantes del Centro de Valle Tabares denuncian una situación “de extrema gravedad” y presiones para asumir funciones educativas
Los vigilantes de seguridad del Centro de Internamiento Educativo para Menores (CIEM) de Valle Tabares, en Tenerife, han denunciado públicamente una situación que califican de “extrema gravedad” en su entorno laboral. A través del sindicato CSIF, el personal asegura estar sometido a presiones para realizar labores educativas que no les competen legalmente, además de sufrir agresiones, insultos y amenazas diarias por parte de algunos internos.
Según el comunicado difundido por el Comité de Empresa, la situación en el centro es “insostenible”, especialmente en la Unidad 5, donde se encuentran jóvenes mayores de edad con perfiles altamente agresivos y un historial de conductas violentas.
“Se ha producido una pérdida total de control operativo en esta unidad”, señala el documento, en el que los trabajadores advierten de una escalada de incidentes y una falta de medios y respaldo institucional tanto para el personal educativo como para los vigilantes.
Presiones institucionales y funciones fuera de la ley
El comunicado denuncia también que la Dirección del centro y responsables de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias estarían presionando a la empresa adjudicataria, Securitas Seguridad España, a través del Departamento de Seguridad de la Fundación Canaria de Juventud IDEO, para que los vigilantes accedan a las unidades educativas sin las debidas garantías de seguridad.
Los representantes sindicales sostienen que estas órdenes no responden a emergencias, sino que buscan “encubrir el fracaso del modelo educativo implantado”, donde el personal docente carece de herramientas y apoyo suficientes para mantener la convivencia.
Preocupación compartida por el personal educativo
El CSIF afirma que incluso los propios educadores del centro han manifestado su inquietud por la deriva que atraviesa el CIEM de Valle Tabares. Ante la pérdida de control en determinadas unidades, reconocen que se les ha presionado para solicitar la intervención del personal de seguridad como “medida paliativa”, en lugar de reforzar los medios educativos y de convivencia necesarios.
