Investigadas 22 personas en Lanzarote por presuntas construcciones ilegales en suelo protegido

La Guardia Civil culmina la segunda fase de una operación en Haría y Tías para combatir la proliferación de construcciones ilegales

Investigadas 22 personas en Lanzarote por presuntas construcciones ilegales en suelo protegido
Investigadas 22 personas en Lanzarote por presuntas construcciones ilegales en suelo protegido. Fotografía: EP

Durante las actuaciones desarrolladas en Lanzarote por el Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Comandancia de Las Palmas, se ha realizado la segunda fase de una amplia operación de vigilancia e investigación para combatir la proliferación de construcciones ilegales.

El EPRONA ha investigado a un total de 22 personas por presuntos delitos contra la ordenación del territorio. Estos hechos se producen después de realizar 23 inspecciones en edificaciones presuntamente ilegales ubicadas en los municipios de Haría y Tías. Unas labores que se suman a las desarrolladas el pasado mes de mayo, cuando se efectuaron 42 inspecciones con la investigación de un total de 20 personas.

Unas investigaciones que comenzaron cuando los agentes del EPRONA identificaron un aumento de edificaciones con fines residenciales y recreativos en suelos protegidos, donde están expresamente prohibidas. Estas intervenciones ilegales provocan la degradación de zonas medioambientales sensibles, suponiendo un riesgo para la biodiversidad y afectando a la calidad de vida.

Posibles penas de prisión

El EPRONA ha resaltado que las personas investigadas se enfrentan a penas de prisión de uno a tres años de cárcel. Las sanciones también podrían conllevar multas de veinticuatro meses, así como la demolición de las edificaciones y la obligación de reponer los terrenos a su estado original.

En lo que va de año 2025, las investigaciones acumulan un total de 42 personas investigadas y 65 construcciones inspeccionadas. La Guardia Civil recuerda la importancia de respetar la normativa urbanística y medioambiental. La realización de obras en suelo protegido puede conllevar responsabilidad penal y patrimonial, además de incluir la obligación de restaurar los terrenos a su estado inicial.

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