En Fuerteventura, se presentaron las principales mejoras incluidas en la actualización de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, presentó hoy en Fuerteventura las principales mejoras de la actualización de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. El Boletín Oficial de Canarias publicó ayer el borrador de anteproyecto, dando inicio al proceso de información pública. La presentación tuvo lugar en un encuentro mantenido con los técnicos insulares y municipales de la isla majorera, al que asistieron además la presidenta del Cabildo, Lola García, y la representante de la FECAN en Fuerteventura y alcaldesa de Tuineje, Candelaria Umpiérrez.
El consejero Manuel Miranda agradeció el trabajo y las aportaciones que los técnicos urbanistas, ambientalistas y jurídicos de la isla han venido realizando durante el último año en la redacción de este borrador, y aseguró que “la actualización de la Ley del Suelo aportará sin duda mejores herramientas a los ayuntamientos y al Cabildo de Fuerteventura para proteger el territorio y planificar su desarrollo sostenible con más agilidad y eficacia».
Adaptarlo a los nuevos desafíos
La presidenta del Cabildo, Lola García, destacó la importancia del “trabajo conjunto realizado entre administraciones para actualizar el texto de la ley, y adaptarlo a los nuevos desafíos del reto demográfico”, y recordó que desde el Cabildo siempre hemos recalcado la importancia que tiene la planificación territorial, atendiendo especialmente a la realidad de cada una de las islas para mantener la cohesión social, el respeto al territorio y priorizar el bienestar de los que aquí vivimos”.
El director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán García, expuso al personal técnico de las administraciones majoreras los avances incluidos en la actualización, basados fundamentalmente en una reducción de los contenidos de los instrumentos de planificación, la reducción de los plazos de tramitación, más facilidades para la renovación urbanística y construcción de viviendas, y un endurecimiento de las medidas de protección del territorio.
