Tanto el Gobierno de Canarias como los sindicatos mayoritarios han mostrado su satisfacción por el acuerdo para estabilizar a los empleados públicos
El Gobierno de Canarias y los sindicatos mayoritarios —CCOO, SEPCA, UGT y CSIF— han firmado este jueves, tras prácticamente dos años de negociaciones, el acuerdo para el proceso de estabilización y temporalidad del empleo público en el área de Administración Pública, lo que repercutirá en 3.499 trabajadores.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras la rúbrica, celebrada en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria, indicó que siempre han tenido claro que “el camino era el del diálogo y la negociación”, por lo que felicitó a las centrales sindicales; al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; y al viceconsejero, Manuel Martínez, por este éxito “tras un trabajo excelente”.
El jefe del Ejecutivo remarcó que “hemos tenido claro que el camino debía ser el del acuerdo, para los que siempre hay renuncias y, por tanto, responsabilidad. Este exceso de temporalidad para miles y miles de trabajadores en las Islas acabará a finales de 2024”.
3.499 plazas
Torres recordó que las 3.499 plazas que se incluyen en este acuerdo ya fueron respaldadas por el Consejo de Gobierno del pasado viernes (18 de noviembre) y que son fruto de las negociaciones abiertas desde finales de 2019 en las Islas y de la ley estatal 20/21.
Torres recalcó que el Gobierno “seguirá trabajando para que se sumen el resto de sindicatos y plataformas” y afirmó que el acuerdo suscrito hoy supone una “respuesta de justicia”. Además, confió en que pronto se alcance un consenso similar en Sanidad y Educación. Recalcó que el Ejecutivo “está al lado de las reclamaciones de los docentes canarios, pues creemos que los baremos estatales deben ser otros y buscaremos todos los mecanismos que la ley nos permite para llegar al mejor acuerdo posible”.
En el acto de la firma de hoy, recordó la importancia de la mesa con los sindicatos celebrada el pasado 21 de abril en Tenerife, en la que también estuvieron representados la Fecam y la Fecai, y se comprometió a hacer todo lo posible para que este acuerdo se cumpla en los 88 municipios y siete cabildos dentro de los plazos marcados.
Diálogo y entendimiento
Por su parte, Julio Pérez también cree clave palabras como “diálogo y entendimiento, que no significa estar siempre de acuerdo ni imponer criterios a la otra parte, sino encontrar puntos de encuentro».
El consejero destacó la importancia de la ley 20/21 del ministro Iceta, “que abrió el camino hasta este acuerdo de hoy”, y pidió que esta rúbrica sea “un punto de partida, no de llegada, pues ahora hay que dedicar las energías a hablar de la carrera profesional, de la movilidad, el teletrabajo, de la productividad”.
Asimismo, dejó claro que el Gobierno tratará de remediar la situación de los que no superen el proceso de estabilización, situación que afectará, según los cálculos manejados para este acuerdo, a un 5% del personal llamado a los concursos. Para el consejero, el acuerdo va dirigido a los trabajadores, pero especialmente a los 2,2 millones de residentes en Canarias, “que es por los que hacemos esto”.
Satisfacción en los sindicatos
En su intervención, Pedro Costera (CCOO) afirmó que “es un buen día para el Archipiélago después de mucho tiempo. Este proceso de estabilización ha sido largo y escabroso, pero hoy, por fin, se materializa este acuerdo y estamos todos de enhorabuena porque se podrá estabilizar en las mejores condiciones posible de la legislación actual”.
Manuel González Arencibia (Sepca) afirmó que “es un día para congratularnos. Esto ha sido un trabajo duro y fruto de la unión de varios sindicatos a los que se fueron sumando otros al final”.
Francisco Bautista (UGT) remarcó que hay que “felicitarnos a todos por la gran labor que se ha hecho para intentar estabilizar al mayor número posible de trabajadores y funcionarios de la Comunidad en abuso de temporalidad”.
César Martínez (CSIF) aseguró que se trata de un acuerdo “trascendental” para los trabajadores e insistió en que lo que más les ha preocupado era “hilar muy fino en la seguridad jurídica para que, en unos años, este proceso de estabilización no fuera tumbado por los tribunales. Estamos de enhorabuena”.
