Subida del 3,1 % del SMI, la deducción para los perceptores del salario mínimo y el acceso al bono social eléctrico por criterios de renta son algunas de las aprobaciones del Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva deducción de hasta 591 euros para garantizar que los perceptores del salario mínimo (SMI) para 2026, que también se ha aprobado este martes, no tengan que pagar IRPF.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que la nueva deducción, que se incluirá en el real decreto ley de ayudas para los afectados por las inundaciones, se extenderá a salarios por debajo de 20.000 euros.
La deducción funcionará igual que la vigente para 2025, de manera que los ingresos del trabajo de hasta 17.094 euros brutos anuales (el SMI para 2026) disfrutarán de una deducción de 591 euros, lo que garantiza que «no tributen IRPF», ha subrayado Montero.
Al mismo tiempo, los trabajadores con salarios entre los 17.094 euros y los 20.000 euros brutos al año podrán aplicarse una deducción que será decreciente a medida que aumenta la retribución para establecer una transición y «evitar el error de salto», ha señalado Montero.
La vicepresidenta ha destacado que un trabajador que hoy cobra el salario mínimo paga 800 euros menos en IRPF que «en la etapa del PP» y que el ahorro acumulado por todos esos contribuyentes en las sucesivas subidas del SMI aplicadas por este Gobierno alcanza los 11.000 millones de euros.
Montero ha defendido que esta deducción era una «invitación clara» para que los empresarios firmaran el acuerdo de subida del salario mínimo, que se sitúa en la parte baja de la propuesta de los expertos al ir exento de tributación, lo que permite unos costes laborales «más bajos» a los empresarios.
Aún así, la vicepresidenta ha insistido en que para el Ministerio de Hacienda «el debate sobre la tributación mínima y el debate sobre el salario mínimo son debates distintos», porque la aspiración del Gobierno es que el salario mínimo «siga creciendo y alcance cotas elevadas», mientras que la tributación mínima es «otro debate».
Gobierno aprueba el alza del 3,1 % del SMI
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) llevadas a cabo por el Gobierno en los últimos años forman parte «de la historia de éxito del país».
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la subida del 3,1 % el SMI en 2026 hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, con lo que los perceptores cobrarán 37 euros más al mes con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
La subida es fruto de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, después de que la patronal se descolgara del mismo, que incluye mantenerlo exento de tributación así como el compromiso de impedir que el incremento sea absorbido o compensado por los complementos salariales.
Acceso al bono social eléctrico por criterios de renta
El Gobierno ha dado luz verde a que el acceso al bono social eléctrico se determine por criterios de renta también en el caso de las familias numerosas, un cambio que articulará desde «el diálogo y el debate» y contando con las asociaciones.
Es una de las novedades que incorpora la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, aprobada este martes y que tiene como objetivo mejorar la protección de los consumidores más vulnerables, quienes, en muchos casos, «no están percibiendo el bono», según ha explicado a los medios la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.
«Evidentemente hemos incluido que la renta tiene que ser un principio rector para los consumidores. Es lo justo», ha respondido Aagesen, que ha recalcado que para determinar los criterios se contará con la participación de todas las asociaciones.
De acuerdo con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, la clave es que «aquel que tenga necesidad de un apoyo como es el bono social, tenga acceso a él».
Ello implica, ha proseguido, reabrir la definición de qué significa vulnerable a efectos del bono social, y aplicar «con carácter general» criterios de renta para «poder focalizar mejor los esfuerzos» de esta ayuda.
Sobre cómo se articulará, la titular de Transición Ecológica ha explicado que este cambio requiere de un reglamento.
«Existe ya un real decreto y, por lo tanto, lo que hay que hacer es actualizarlo», ha señalado Aagesen, que ha avanzado que, este camino, «como siempre», se hará «desde el diálogo y el debate», contando con las asociaciones y con la propia mesa social de pobreza energética, con la que se reúne esta mañana.
