El sistema de sorteo se sustituye por una baremación por circunstancias sociales, económicas y familiares, además del requisito de residencia en las islas durante diez años continuados o quince de forma discontinua
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este martes un decreto que modifica el sistema de adjudicación de la vivienda pública. El sistema de sorteo se sustituye por una baremación por circunstancias sociales, económicas y familiares, además de que se incluye como requisito la residencia en las islas durante al menos diez años continuados o quince de forma discontinua.
Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha señalado en rueda de prensa que a partir de la entrada en vigor de este decreto, lo que ocurrirá una vez sea informado por el Consejo Consultivo, la vivienda pública promovida por el Gobierno de Canarias se adjudicará según la situación social y económica y la composición y circunstancias familiares de las personas solicitantes.
Para el acceso a una vivienda pública se establece un registro público único y se exigen criterios de «arraigo y residencia», de manera que será necesario acreditar diez años de residencia continuada en Canarias o quince años en caso de residencia discontinua.
Los adjudicatarios, según la información facilitada, estarán obligados a usar la vivienda como domicilio habitual y permanente.
Incremento de cupos
Otra novedad es el incremento de los cupos para grupos protegidos en el acceso a la vivienda. Los jóvenes pasan de un cupo del 5 % a uno del 20 %; los mayores de 65 años 5 % al 10 %; las personas con limitaciones funcionales del 5 % al 10 %; y las víctimas de violencia de género del 5 % al 8 %.
Se trata de «priorizar a los colectivos más vulnerables y con mayor necesidad de vivienda», ha indicado el consejero. Además, el decreto define y regula como nuevos modelos constructivos aptos para vivienda pública las viviendas prefabricadas y modulares.
«Estamos ante una auténtica emergencia habitacional y es necesario innovar en todo lo relacionado con la vivienda industrializada, que nada tiene que ver con infraviviendas, sino con viviendas modernas, dignas y adaptadas a nuestro territorio», ha afirmado Pablo Rodríguez.
Otros acuerdos
El Consejo de Gobierno también ha acordado la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del anteproyecto de Ley de Salud Pública de Canarias. Y de creación de la Agencia Canaria de Salud Pública, así como solicitar el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.
«Se trata de una norma indispensable para mejorar la respuesta de Canarias ante situaciones de riesgo, alertas, emergencias o crisis sanitarias. La futura regulación permitirá dotar al sistema canario de salud pública de un marco normativo moderno, coherente y alineado con los modelos organizativos más avanzados, reforzando su capacidad de anticipación, coordinación y actuación eficaz», señala el Ejecutivo autonómico.
Los trabajos para la LP-2 entre San Simón y Tajuya, en La Palma, empezarán el lunes
El proyecto de la carretera LP-2 entre San Simón y Tajuya, en La Palma, tramo de 2,3 kilómetros que quedó sepultado bajo la lava de la erupción de 2021 va a comenzar el lunes. Tienen un plazo de ejecución de catorce meses y un presupuesto de 24 millones de euros. Así lo ha anunciado tras la reunión del Consejo de Gobierno el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez.
Con esta obra, se recupera la continuidad de la LP-2 y se evita la discontinuidad en la zona de Las Manchas y Tajuya, que genera enormes dificultades de movilidad, ha manifestado Rodríguez. «Ya no es solo un anuncio ni un expediente más, es una realidad, a partir del próximo lunes se iniciarán las obras», celebró el consejero.
957 plazas para personal docente no universitario
La Consejería de Educación ha aprobado este martes en el Consejo de Gobierno la Oferta de Empleo Público (OPE) de personal docente no universitario correspondiente a 2025. Contempla un total de 957 plazas para los distintos cuerpos del sistema educativo público.
De esa cifra total, 466 plazas corresponden a Secundaria, 457 al cuerpo de maestros, 17 a especialistas en sectores singulares de FP, 7 a las escuelas oficiales de idiomas, 5 a Artes Plásticas y Diseño, 3 a profesores de Música y Artes Escénicas –una de ellas correspondiente a una rectificación de la OPE de 2023–; una de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y una plaza del cuerpo de inspectores de Educación.
Aprobado el plan de igualdad de la administración regional
También se ha aprobado este martes el plan de igualdad de la Administración General de la Comunidad Autónoma, así como el plan de igualdad de la Administración de Justicia, de manera que solamente quedarían pendientes los planes para las áreas educativa y sanitaria, que se aprobarán en las primeras semanas de 2026.
Los dos planes de igualdad aprobados entrarán en vigor el 1 de enero con una vigencia de cuatro años. Implican a 11.500 empleados públicos, de los cuales 8.600 pertenecen a la Administración General y 2.900 a la Administración de Justicia.
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto ha destacado que la aprobación de estos planes, cuya elaboración ha llevado un año, era un compromiso prioritario del ejecutivo.
