El Gobierno de Canarias presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional por las competencias en Costas de Canarias con el fin de defender los intereses de las islas
El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de este lunes autorizar a sus servicios jurídicos la presentación de un recurso por las competencias en Costas ante el Tribunal Constitucional (TC). El conflicto positivo de competencias que se planteará en los próximos días reclama al alto tribunal que falle en contra del Estado y reconozca a la comunidad autónoma el control sobre la gestión de su litoral que le otorga el artículo 157 del Estatuto de Autonomía.
En su recurso, el Ejecutivo canario solicita al TC que «dicte sentencia en la que declare que la titularidad de la competencia controvertida es de la Comunidad Autónoma de Canarias». En concreto, se pide «la anulación del acto viciado de incompetencia, esto es, la Resolución de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de fecha 27 de febrero de 2024 que declara -entre otros extremos- la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial de 8 de julio de 2003».
El recurso pretende defender las competencias plenas de Canarias sobre las costas del Archipiélago, apuntó el consejero de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.
El consejero insistió en que el Gobierno de Canarias sigue abierto a la vía de la negociación con el Estado pese a que se vaya a recurrir al Constitucional, aunque también indicó que no es optimista con alcanzar un acuerdo. Según Rodríguez, la percepción que tiene es que el Estado no quiere transferir de manera efectiva las competencias en Costas.
Optimismo por los precedentes
Rodríguez también ha recordado que existen varias sentencias del TC que refrendan la interpretación jurídica que defiende la comunidad autónoma. El consejero considera «muy importante» la sentencia del Constitucional sobre la ley de Costas de Galicia, una normativa similar a la que Canarias tiene previsto aprobar en los próximos meses.
En concreto, el fallo del Tribunal Constitucional tras el recurso interpuesto por el Estado contra la ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia sostiene que «las funciones ejecutivas relativas a la gestión de títulos de utilización y ocupación del dominio público marítimo-terrestre no forman parte de las competencias estatales al tener su encaje en la competencia de ordenación del litoral».
Melenara y Salinetas
Rodríguez también ha informado este lunes de que desde la Viceconsejería de Asuntos Jurídicos del Ejecutivo canario se ha realizado un requerimiento ante el Estado porque consideran que «se han excedido en sus competencias –de costas– en el deslinde» entre las playas de Melenara y Salinetas, en el término municipal de Telde, en Gran Canaria.
En concreto, expuso que en este caso el Gobierno central ha iniciado un deslinde que desde Canarias se entiende que lo hace «erróneamente porque invade zonas que están fuera de lo que tiene que ver con el deslinde marítimo terrestre e incluso invadiendo zonas privadas que están absolutamente» consolidadas en Telde.
Además agregó que dicho deslinde incluye edificios que «ya no existen, como puede ser el edificio de la Tortuga en la playa de Melenara», por lo que calificó de «absoluto disparate el planteamiento» que hace el Gobierno central. Ante ello, desde el Ejecutivo canario se ha hecho un requerimiento para que se corrija ese deslinde, si bien matizó que «el Estado ni siquiera ha contestado».
Situación difícil con los menores migrantes
También en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha alertado de la difícil situación económica que atraviesa el área que dirige para atender a los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias en pateras o cayucos.
La consejera ha señalado que el Gobierno central aún no ha transferido los 72 millones comprometidos para atender a los menores migrantes y que en estos momentos las arcas públicas tiene un déficit de 84 millones para poder dar atención a esos menores.
Por ese motivo, Candelaria Delgado demandó rapidez para tramitar los 72 millones que tienen que llegar a Canarias del Gobierno central, así como la puesta en marcha de las derivaciones de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas.
En estos momentos, la comunidad autónoma acoge más de 5.500 menores migrantes no acompañados que ha llegado a Canarias por vía marítima. La consejera también subrayó la dificultad para las asociaciones que colaboran con la Consejería para contratar personal y para encontrar recursos alojativos suficientes que puedan acoger a los menores.
156 millones para la atención
La consejera matizó que se está haciendo «todo lo posible» para garantizar la atención de estos menores que han llegado a Canarias. Actualmente apuntó que la previsión de gasto para atender a los menores que tutela la comunidad asciende a 156 millones de euros.
Delgado matizó que en estas previsiones de gasto «no» están incluidas las aportaciones que hacen otras consejerías, tales como son Sanidad, Educación o Justicia.
Todo ello, indicó, cuando la previsión de llegada de embarcaciones «incrementará» la cifra de menores y adolescentes que necesitarán protección en los próximos meses.
Por último, informó de que el presupuesto de la Dirección general de Infancia para 2024 es de 153 millones de euros y la predicción solo del gasto para atender a estos menores es de 156 millones de euros, lo que dijo son datos que «dan una idea de la magnitud» de la situación actual.
