Aseguran que en Canarias no se pueden gestionar los residuos peligrosos como el amianto que, además, ha multiplicado su volumen por cuatro
Las empresas canarias del metal han advertido este martes de la imposibilidad de gestionar residuos peligrosos como el amianto, lo que obliga a que a partir del 1 de abril las obras en las que se detecte este material no puedan continuar si no hay vía legal para tratarlo.
El volumen de residuos de amianto retirados en la comunidad autónoma se ha multiplicado por cuatro al pasar de unas 1.000 toneladas en 2022 a más de 4.100 en 2024, según la Confederación Regional de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Canarias (CREM), integrada por Femete y Femepa.
La patronal reclama «soluciones urgentes» al Gobierno de Canarias, puesto que en las islas no hay instalaciones propias autorizadas para gestionar los residuos peligrosos y las comunidades autónomas que sí lo pueden hacer, como Andalucía, «están cerrando progresivamente sus plantas a los envíos procedentes del archipiélago».
A partir del 1 de abril
Por este motivo, las obras en las que se detecte amianto deberán paralizarse a partir del 1 de abril ante la ausencia de vías legales para su tratamiento, ha advertido CREM.
El bloqueo operativo afecta de forma directa a más de un millar de empresas de toda la cadena productiva, incluidas gestoras de residuos, chatarrerías, instaladoras, talleres de automoción, construcciones metálicas, industria alimentaria y sector hotelero, ha denunciado la organización empresarial, que ha solicitado una reunión urgente con el director general de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias para acordar un plan de acción inmediato.
Los representantes empresariales proponen la aprobación de una excepción transitoria a corto plazo, amparada en las obligaciones del Estado para garantizar los servicios esenciales en las regiones ultraperiféricas. Y el impulso de infraestructuras propias para gestionar estos residuos a medio plazo.
Femepa y Femete consideran que las empresas canarias no pueden seguir siendo penalizadas por una carencia de infraestructura que no depende de ellas, ya que «cumplir la ley se ha vuelto imposible».
El problema es «directamente inmanejable» en las islas no capitalinas, donde ya no opera con regularidad ningún gestor autorizado debido, entre otros factores, al encarecimiento de las tarifas del transporte marítimo interinsular.
La asociación ha reclamado la implicación conjunta de la sociedad y de las administraciones públicas para evitar que la actividad económica quede bloqueada y garantizar una gestión sostenible y circular de los residuos.
