El fiscal general del Estado decide seguir al frente de la institución, tras apreciar que cuenta con el apoyo de la Junta de Fiscales de Sala
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reafirmado su decisión de continuar en el cargo. Lo ha hecho tras contar con el apoyo mayoritario de la Junta de Fiscales de Sala, pese a que cerca de la mitad de los fiscales que intervinieron le han pedido su dimisión.
Este miércoles, García Ortiz se convirtió en el primer fiscal general imputado por el Tribunal Supremo desde la llegada de la democracia. La imputación es por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de información sobre un procedimiento por fraude fiscal que involucra a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
La Junta de Fiscales, que se convocó para discutir la situación, no tuvo carácter de votación, sino informativo, según fuentes fiscales. La reunión, que suele centrarse en asuntos técnicos, reunió a 30 de los 35 fiscales de Sala, incluidos algunos que han expresado su apoyo a García Ortiz. Entre estos, destacan el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el fiscal jefe del Constitucional, Pedro Crespo.
Un grupo de fiscales pide su dimisión
Sin embargo, un grupo de fiscales veteranos, críticos con las decisiones del fiscal general, pidió su dimisión. Entre ellos se encuentran los fiscales del ‘procés’, como Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, quienes previamente habían solicitado públicamente que García Ortiz dejara el cargo tras la imputación.
La situación dentro de la Junta refleja una división. Fuentes consultadas señalan que de los 23 fiscales que intervinieron, 10 apoyaron a García Ortiz, mientras que entre 8 y 11 solicitaron su dimisión. Otros cinco adoptaron posturas más ambiguas, alertando sobre las posibles consecuencias para la institución.
La imputación de García Ortiz, que enfrenta un posible castigo de hasta cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación, ha agudizado las tensiones dentro del cuerpo fiscal. Los fiscales más críticos, asociados a la Asociación de Fiscales de tendencia conservadora, se han mantenido firmes en sus posiciones. Frente a ellos, la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece García Ortiz, ha mostrado un respaldo más claro.
