La Fiscalía Anticorrupción rechaza la denuncia presentada por la plataforma «Salvar Chira Soria-Barranco de Arguineguín» contra la construcción del proyecto
La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia presentada contra la central del bombeo que va a construir Red Eléctrica en Gran Canaria, el Salto de Chira, por la plataforma ciudadana que se opone a las obras, al no apreciar «un solo indicio de delito» en el proyecto.
En un decreto del fiscal fechado este lunes, 14 de marzo, el fiscal jefe contra la Corrupción, Alejandro Luzón, comunica al Cabildo de Gran Canaria (propietario de la futura central) que ha examinado la denuncia presentada por la plataforma «Salvar Chira Soria-Barranco de Arguineguín» y no ha encontrado ningún hecho del que se deriven posibles responsabilidades penales.
«Analizado todo el material documental recabado, no aparecen datos que corroboren mínimamente lo denunciado, una adjudicación irregular, y sí la existencia de otros que desacreditan lo relatado, como el cumplimiento de las formalidades esenciales, en la denuncia de la asociación», señala Alejandro Luzón.
«Exhaustivo informe»
La Fiscalía Anticorrupción subraya que ha recibido un «exhaustivo informe» sobre este asunto emitido por su delegado en la provincia de Las Palmas, Javier Ródenas. El informe concluye que «no se ha conseguido aportar un solo elemento o indicio en el que se conecten las pesquisas con hechos delictivos específicos».
El Salto de Chira es una central hidroléctrica de bombeo reversible que conectará dos presas ya existentes en la vertiente sur de Gran Canaria: el embalse de Soria y el de Chira.
Adjudicada a Red Eléctrica, su función será la de utilizar la energía que producen los parques eólicos y fotovoltaicos de la isla cuando no hay demanda para bombear agua desalada desde la presa de Soria a la de Chira, situada en una cota más alta.
De esa manera, esa electricidad limpia «sobrante» se almacena en forma de agua embalsada, que se vuelve a transformar en energía dejándola caer de Chira a Soria por un salto hidroeléctrico.
Inversión de 400 millones de euros
La central futura central, que supone una inversión de 400 millones de euros, acelerará la penetración de las energías renovables en Gran Canaria (ahora lastrada por su intermitencia) y tendrá una potencia de 200 megavatios, suficiente para abastecer de forma estable y continuada el 36 % de la demanda de electricidad de la isla en hora punta.
Con ella en funcionamiento, Gran Canaria podrá cubrir el 51 % de su consumo eléctrico anual con energías limpias, según los últimos datos del proyecto difundidos por el Gobierno de Canarias.
Satisfacción por el archivo de la denuncia
En un comunicado, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, defiende que el archivo de la denuncia acordado por la Fiscalía Anticorrupción representa «la más importante de las resoluciones judiciales sobre este asunto, ya que en la fase de diligencias previas ha quedado demostrado el exquisito trabajo administrativo realizado por el Cabildo y el Consejo Insular de Aguas, así como el correcto funcionamiento de los órganos de control de las administraciones públicas».
Morales sostiene que la plataforma contraria al Salto de Chira «ha hecho un uso abusivo de las herramientas del ordenamiento jurídico en su oposición a un proyecto estratégico para Gran Canaria».
«La respuesta de la Fiscalía nos muestra que se ha actuado de mala fe, al realizar un ataque personal con durísimas acusaciones contra mi persona y las instituciones que represento, al imputarnos presuntas conductas delictivas sin fundamento alguno», añade.
Antonio Morales recuerda que los denunciante le achacaban «delitos muy graves, como prevaricación y cohecho», pero se han encontrado «con una contundente resolución que se suma a las decisiones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia, el Tribunal de Cuentas, el Comité de Peticiones de la Unión Europea, el Diputado del Común, el Gobierno de Canarias y un largo etcétera de organismos como el Parlamento de Canarias, la Unesco o la Fundación Starlight» que no han apreciado irregularidades en el proyecto.
