El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un real decreto que busca garantizar la accesibilidad y la no discriminación de las personas con discapacidad en su vida cotidiana
Este lunes se ha reunido el consejo de ministros y ha dado también luz verde al nuevo bono joven cultural. Se renueva esta ayuda de 400 euros para los que cumplan 18 este mismo año. Se mejora también el acceso a los servicios públicos para personas con discapacidad y se activa el teléfono 021 para atender las denuncias por delitos de odio
Además, según ha informado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se ha aprobado el real decreto que regula las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.
Condiciones de no discriminación
Esta norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, protegerá a las personas con discapacidad y permitirá que puedan hacer uso, en condiciones de no discriminación, de situaciones cotidianas como son los trámites bancarios, ir a urgencias, las actividades extraescolares, ir al cine, tomar un café o la seguridad ciudadana, entre otras.
Según ha informado en un comunicado el departamento que dirige Ione Belarra, la aprobación de este reglamento supone la culminación del desarrollo reglamentario de la Ley general de discapacidad, «cuya inacción durante casi 18 años impedía la regulación y la generación de obligaciones de la accesibilidad en bienes y servicios a disposición de la ciudadanía, provocando situaciones de discriminación en las personas con discapacidad».
El nuevo reglamento, que será de aplicación a todas las relaciones entre personas físicas y entidades, públicas o privadas, que tengan por objeto la provisión de bienes o el suministro o la prestación de servicios, regulará cuestiones esenciales relativas a la accesibilidad en distintas áreas de la vida diaria.
Derecho de Igualdad de oportunidades
Así, contempla obligaciones como el respeto del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el acceso y utilización de los bienes y servicios; la aplicación de medidas de accesibilidad o realización de ajustes razonables; la incorporación de criterios de accesibilidad universal en los programas de calidad de las administraciones públicas, o la adopción de un sistema de gestión de la accesibilidad global por parte de fabricantes y proveedores de bienes y servicios públicos.
La norma establece expresamente que en ningún caso el ejercicio del derecho de admisión podrá utilizarse para restringir el acceso de ninguna persona por razón de discapacidad, y se contempla la atención preferente y la asistencia personal para personas con discapacidad, que tendrán derecho a acceder acompañadas de personal de apoyo sin que suponga un sobrecoste.
El real decreto también incluye en su regulación a las personas con discapacidad usuarias de perros de asistencia -entre los que se incluyen los perros guía-, así como a las personas encargadas de su educación y adiestramiento y señala que no podrán ser discriminadas de ningún modo en el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.
Atención en todos los ámbitos
Los proveedores de bienes y servicios deberán proporcionar a las personas con discapacidad información sobre sus productos en soportes y formatos accesibles y adecuados a sus necesidades.
Además, contempla que el personal de atención al público de las entidades financieras, bancarias y de crédito, de las entidades aseguradoras y de los mediadores de seguros deberán prestar orientación y apoyo a las personas con discapacidad en las gestiones propias de su actividad.
En el ámbito de la salud, las urgencias sanitarias se concebirán, diseñarán y ofrecerán de tal forma que las personas con discapacidad física, intelectual, mental y sensorial puedan hacer un uso normalizado, cómodo y seguro de las mismas y se habilitarán formas alternativas y medios de apoyo a la comunicación para que ninguna persona con discapacidad quede excluida.
En cuanto a la seguridad ciudadana y emergencias, en los planes de formación de la Escuela Nacional de Protección Civil se incluirán acciones formativas específicas de protección, dirigidas tanto a las personas con discapacidad, como a los profesionales que ejercen sus cometidos en relación con estas personas.
