En el Día Mundial de Salud Mental la presidenta del parlamento canario asegura que faltan recursos que ayuden a tratar las enfermedades mentales en Canarias
La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha alertado este jueves de que los recursos sanitarios, en referencia a los psicólogos y psiquiatras, para tratar las enfermedades mentales son «evidentemente insuficientes» en las islas.
Astrid Pérez, en la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental celebrada en el Parlamento de Canarias, ha señalado que «todavía queda mucho por hacer y construir desde el punto de vista de la salud mental» en los ámbitos sanitarios, asistencial, social y normativo.
El informe del sistema nacional de salud mental 2023 sitúa a Canarias a la cabeza en la prevalencia de población con problemas de salud mental, con 518,5 casos por mil habitantes, cuando la media nacional se sitúa en 313 casos.
Por ello, la presidenta ha recalcado que es importante que desde el Gobierno de Canarias se tomen medidas al respecto.
Asimismo, ha informado de que en el año 2023 se atendieron un total de 71 mil personas con problemas de salud mental en Canarias, que cuenta con 31 unidades de salud mental, de ellas, 11 para niños y jóvenes, atendidas por 678 profesionales.
Canarias tiene 518 casos de problemas de salud mental por cada 1.000 habitantes
Para la presidenta este número de psicólogos y psiquiatras es insuficiente, por lo que ha pedido que se realicen mejoras sanitarias y, además, se aborde la integración del enfermo mental en su trabajo y una ley integral que aborde problemas de salud mental.
La presidenta de la Federación de Salud Mental de Canarias, Cristina Acosta, que ha detallado que este año el lema del Día Mundial de Salud Mental es «Trabajo y salud mental, un vínculo fundamental», ha alertado de que la discriminación en el entorno laboral «obstaculizan y agravan el camino».
Acosta avisó también de que las personas con problema de salud mental enfrentan mayores dificultades para acceder al empleo, además de que el impacto de la precariedad es mayor para este colectivo, impactando en su salud. En este sentido, exigió políticas de empleo que garanticen «condiciones decentes y entornos laborales seguros e inclusivos«.
Además, Cristina Acosta reclamó una legislación específica que proteja a estas personas y acabar con cualquier forma de discriminación.
Al igual que la presidenta del Parlamento, ha hecho hincapié en la necesidad de aumentar los recursos económicos, las ratios de psiquiatría, psicología y enfermería especializada y en la importancia de mejorar los sistemas de coordinación sociosanitarios.
Además, ha pedido que las entidades cuenten con una sostenibilidad presupuestaria para que puedan planificar y continuar su labor sin interrupciones. La participación activa de las personas con problemas de salud mental y el apoyo a las familias, son otros de los aspectos sobre los que ha llamado la atención.
