La Comisión Europea expedienta a España por las multas a las aerolíneas que cobran por el equipaje de mano
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.
Bruselas considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe su libertad para fijar precios. Por eso, da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios.
La apertura del expediente sancionador tiene la forma de una carta motivada. Establece un periodo de dos meses de diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias.
De no resolverse, la Comisión puede aún pasar a la segunda fase, que supone el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo. Depsués, comenzaría la tercera y última etapa del proceso, que implica elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Consumo afirma que las sanciones tienen base jurídica
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 afirma que las sanciones tienen argumentación jurídica a pesar del expediente de la Comisión Europea.
Fuentes del Ministerio de Consumo explican que cada año se abren una media de 30 expedientes de este tipo. España tiene abiertos 94 en la actualidad, uno de ellos por la OPA de BBVA a Sabadell, ya que la Comisión Europea detectó que podría incumplirse la normativa bancaria de la Unión Europea.
En cualquier caso, afirman desde el departamento gubernamental, «este expediente no altera las sanciones a las cinco aerolíneas» por parte del Gobierno de España. Insisten en que siguen en curso, y que actualmente se encuentran recurridas en vía judicial. Señalan que la CE «no tiene potestad para decidir sobre la viabilidad de las sanciones o la interpretación de la normativa europea, que es competencia del TJUE».
Con todo, el Ministerio de Pablo Bustinduy se reafirma en que la argumentación jurídica que sustenta estas sanciones «se ajusta escrupulosamente tanto a la legislación española como la jurisdicción europea».
