El pleno del Cabildo de Gran Canaria aprueba dos gastos plurianuales para el período 2024-2029 para las convocatorias en las que designar las entidades sin ánimo de lucro que gestionarán los centros
El pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó este lunes por mayoría dos gastos plurianuales para el período 2024-2029, cuyo importe total asciende a 131.185.609 euros. Serán para sendas convocatorias públicas en las que se seleccionarán las entidades sin ánimo de lucro que, bajo la modalidad de concierto social, se encargarán de gestionar 45 hogares y centros de acogida de menores declarados en situación de guarda o desamparo en Gran Canaria.
El primero de esos gastos plurianuales se eleva a 116.364.571 euros, exentos de IGIC e incluida la sobreocupación. Se deriva del concierto social denominado ‘Gestión de 40 Hogares de Acogimiento Residencial de Menores en Situación de Desamparo o Guarda en la isla de Gran Canaria – 20 LOTES’.
El segundo alcanza los 14.821.083 euros, también exentos de IGIC e incluida la sobreocupación. Corresponde al concierto social ‘Gestión de cinco centros de Atención Inmediata (CAI) de menores en situación de desamparo o guarda en la isla de Gran Canaria’. Ambos proyectos son impulsados por la Consejería de Gobierno de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, que tutela Isabel Mena.
Movilidad sostenible
En el capítulo de mociones, el Pleno apoyó unánimemente la planteada por Coalición Canaria, en la que instaba al Gobierno insular a elaborar un ‘Programa de fomento de la movilidad sostenible en el entorno rural’ y a la que se incorporó una transaccional que presentaron Nueva Canarias-Bloque Canarista y Partido Socialista Canario-PSOE y con la que se ratificó la voluntad del Gobierno insular decontinuar desarrollando el Plan de Movilidad Insular Sostenible de la Isla para el período 2023-2035, entre otras, en las líneas estratégicas relacionadas con la movilidad peatonal y ciclista.
Así, para estos ámbitos, se concretó mantener el impulso de las actuaciones dedicadas a la mejora de la movilidad peatonal entre municipios, incluyendo la movilidad en el entorno rural; a apoyar a las entidades locales en la mejora de los itinerarios peatonales en polígonos industriales, en la creación de zonas estanciales y de movilidad peatonal, y en la eliminación de barreras arquitectónicas, así como en los caminos escolares seguros, y, finalmente, en lo relativo al programa insular de vías ciclistas.
