Irán a juicio la empresa adjudicataria y un técnico del Cabildo de La Palma por la presunta estafa a la institución, que financió el asfaltado de una carretera por 1,4 millones de euros y en muchos tramos no se hizo o se hizo con menos material
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzgará el 25 de noviembre un caso de presunta estafa y falsificación de documento oficial en el asfaltado de la circunvalación, que adjudicó el Cabildo de La Palma, y que habría supuesto un fraude por valor de 825.000 euros (la diferencia entre los 1,4 millones pagados y los 600.000 euros que aseguran que costó en realidad).
Multa y cárcel
La Fiscalía pide seis años de cárcel y el pago de una multa de 6.300 euros para el representante de la empresa. Otros 4,1 millones a la adjudicataria y que ambos devuelvan el dinero supuestamente estafado. Mientras, para el técnico del Cabildo y director de la obra solicita seis años de prisión y pagar 10.000 euros.
La Acusación Pública calcula que en realidad la obra efectivamente ejecutada asciende a unos 600.000 euros. De esta manera, la diferencia con los 1,4 millones presupuestados y abonados es de 825.000 euros.
El presunto fraude dio lugar a que no se cumplieran los tramos del proyecto ni de mejora con los espesores del asfalto. Lo que en consecuencia implicó una disminución “evidente” de la vida útil de la infraestructura.
Técnico del Cabildo
El director de la obra es ingeniero técnico del Cabildo y como tal trabajó en la ejecución de la carretera de circunvalación de la isla. Es una de las más frecuentadas por el tráfico hasta llegar a registrar 3.000 vehículos diarios.
Debido a su deterioro se presentó un proyecto de repavimentación que consistía en extender una capa de rodadura en los puntos más deteriorados para sustituirla por una nueva.
El funcionario es acusado de que a sabiendas de que se hacía pasar como cierta la finalización de determinados tramos, en realidad no se ejecutaron, pese a lo cual se emitieron tres certificaciones por valor del presupuesto acordado, del que quedó por abonar 9.500 euros, cuando salió a la luz la supuesta trama.
Al representante de la empresa se le atribuye también haber dado el visto bueno a las certificaciones de trabajos que no se habían ejecutado, al ser consciente de que los abonos dependían de que se emitieran estos documentos.
En todos ellos, los acusados y la empresa pretendían hacer pasar como cierto que se hicieron trabajos que requerían el uso de toneladas de materiales, cuando en realidad no se llevó a cabo actuación alguna o ésta era menor de lo acordado y certificado.
El juicio por estos hechos se llevará a cabo en La Palma.
