Diferentes colectivos convocan una cadena humana el próximo sábado, 23 de noviembre, contra la central eléctrica en el Puerto de La Luz en Las Palmas Gran Canaria
El próximo sábado, 23 de noviembre, habrá una protesta en forma de cadena humana contra la central eléctrica en Las Palmas de Gran Canaria.
Diferentes colectivos hacen un llamamiento a la movilización de la sociedad contra este proyecto previsto en el Puerto de La Luz.
Plataforma contra la central
La plataforma convocante la integran, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Colectivo Turcón, Foro por La Isleta, Asociación para la Transición Ecológica, Adapa, GC Renace, El Sol Sale para Todos y Salto a la Transición Ecológica.
La protesta comenzará a las 11:30 del sábado, 23 de noviembre, en la Pasarela Onda Atlántica de la capital grancanaria.
La portavoz de la plataforma y la exjefa de Sanidad Ambiental de la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario, María Luisa Pita, ha explicado en rueda de prensa, que “la planta de gas natural que proyecta la empresa Totisa en el puerto supondrá un riesgo para todos los ciudadanos de la ciudad debido a sus emisiones a la atmósfera”.
Normas europeas
Por otro lado, ha denunciado los intereses empresariales que hay detrás del proyecto, y ha negado que lo imponga una directiva europea.
Los promotores aseguran que la planta de gas busca cumplir con las normas de descarbonización de la UE y que los buques atracados en sus muelles no quemen combustible, sino que usen electricidad.
En opinión de Pita, la UE solo prevé la instalación de plantas de gas para sustituir a otra energía más contaminante no para introducir una nueva. Además, incide que “las emisiones de la planta van a llegar a toda la ciudad y afectarán de manera especial a los trabajadores del puerto y de El Sebadal y a las 25.000 personas que viven en La Isleta».
Pita solicita al responsabilidad “al Gobierno de Canarias para proteger a los ciudadanos» y que realice un informe de impacto ambiental desfavorable a la instalación de la planta.
También, ha pedido a la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria, que se pronuncie en contra. Un proyecto, destaca, que rechazan tanto el Cabildo de Gran Canaria como el Ayuntamiento de Las Palmas.
Según el abogado Antonio Hernández, «el puerto no ha cumplido con la ley en otras ocasiones», como en el caso de la planta de yates, la de biomasa y otras al aprobarse por el procedimiento de urgencia, lo que les eximía del estudio de impacto ambiental». Tanto, “el puerto y como el Gobierno deben respetar el parecer del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y sería irracional que el informe medioambiental fuera positivo, pero hay presiones empresariales muy fuertes».
