El presidente canario, junto a la activación de la contingencia migratoria, advirtió de que la Fiscalía intervendría si no hay distribución a otras comunidades autónomas
El Gobierno ha anunciado que a partir de septiembre aumentará el ritmo de los traslados a centros de la Península de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado este miércoles que su Ejecutivo ha solicitado la contingencia migratoria al triplicar su capacidad de acogida con el fin de que se inicie la distribución de los menores migrantes no acompañados, en estos momentos las islas tienen unos 5.200, en virtud al decreto ley aprobado este martes.
En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el presidente ha comentado que «ya no hay excusas» para iniciar el proceso y advertido de que está «convencido» de que la Fiscalía intervendrá «de oficio» para garantizar su cumplimiento.
«La Fiscalía nos ha ayudado mucho en este proceso de atención, por lo tanto, esperemos que no tengamos que llegar a eso, esperemos que el sentido común impere», ha apuntado, subrayando que se trata ahora de ser «diligentes» y acabar con «hacinamiento» de los menores.
No puede haber excusas
El presidente ha insistido en que el decreto no se puede paralizar salvo que «algún órgano judicial determine una medida cautelar, que no es el caso», pues el Tribunal Supremo «ha hablado con tres autos muy claramente de la situación de los menores», concretamente los que están en protección internacional, pero el Constitucional también ha avanzando que es una «competencia concurrente» y las comunidades autónomas tienen «obligaciones porque son menores», pero el Estado «tiene también la obligación» de poder «garantizar esa solidaridad y sobre todo proteger el interés superior del menor».
Por ello ha pedido a los presidentes autonómicos que «en un país de 50 millones de habitantes no puede ser un problema distribuir cuatro niños», y se hace «un flaco favor a la democracia» y a los derechos de la infancia generando ese debate.
En su opinión, la integración de los menores debe ser «plena» y con todos los servicios garantizados.
«No hay que olvidar que hay niños, a lo mejor, que salieron en este viaje con sus padres y que han muerto sus padres y se han quedado solos, y algunos han visto como los han tirado por la borda, o sea que pongámosle humanidad a este asunto», ha destacado.
En cuanto al Estado, ha reclamado «agilidad» en los procedimientos y que no se produzca la lentitud del sistema de los menores demandantes de asilo.
«Creo que se puede hacer mucho mejor, todos nosotros también lo podemos hacer mejor, vamos a contratar un refuerzo de 26 trabajadoras hasta final de año para poder ayudar a tramitar toda esa documentación porque al final son niños, con su tutela, con sus derechos», ha comentado.
El Estado se compromete a acelerar los traslados
El Gobierno, por su parte, ha anunciado que a partir de septiembre aumentará el ritmo de derivaciones y traslados a centros de la Península de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que están en Canarias, que son alrededor de un millar.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explican este miércoles que ha habido «dificultades» en la apertura de centros propios en agosto, pero destacan que esta semana se realizarán dos nuevos traslados desde el centro de Canarias 50, habilitado por la Secretaría de Estado de Migraciones para la acogida temporal, o directamente desde los recursos gestionados por el ejecutivo canario.
Dicen las fuentes que para cumplir con los objetivos marcados por el Ejecutivo, la Secretaría de Estado de Migraciones está en conversaciones con varias comunidades autónomas, de cara a poder cerrar en los próximos días más recursos para los menores.
Todos los menores que lleguen no acompañados deben salir
De esta forma, el procedimiento fija que a partir de este miércoles, todos los menores que lleguen no acompañados, en un plazo de 15 días, tienen que asignarse a la comunidad autónoma a la que se van a derivar, y para los que ya están acogidos en el archipiélago, se da un plazo de un año.
«Es lo que dice la ley y es lo que nosotros esperamos que se cumpla. Esperamos no tener que acudir a los tribunales nuevamente para que se cumpla la ley pero el procedimiento yo creo que está establecido», ha explicado.
Sobre los demandantes de asilo ha confirmado que entre este miércoles y el jueves sale otra veintena hacia la Península y que hay ONG que han ofrecido plazas al Estado.
«La verdad es que no acabamos de entender el por qué de esta lentitud, porque parece que van saliendo a cuentagotas y no sé si hay una estrategia de ahora con este decreto intentar sacar más», ha indicado, si bien se queda con la parte «positiva» de que «van saliendo» aunque no al ritmo que le gustaría al Ejecutivo regional.
«La relación ahora mismo con el ministerio –Inclusión, Seguridad Social y Migraciones– y también con los distintos ministerios que han participado en la culminación de este decreto, pues está siendo fluida, por lo menos en el tono y la cordialidad. No está siendo todo lo efectivo que nos gustaría, pero seguramente ellos también dirán que están haciendo lo correcto», ha señalado.
Critica el uso de la migración como «herramienta política»
Clavijo ha comentado que el repunte de la migración está focalizado en Canarias pero al mismo tiempo ha admitido que la ruta «se va orientando y mañana puede sufrirlo Baleares o pasado Andalucía», de tal forma que hay que «convivir con un fenómeno migratorio que hay que gestionar, que es inherente a la condición del ser humano».
«Los canarios durante el siglo pasado, más de medio millón de canarios, tuvimos que salir a buscarnos el pan en otros sitios del mundo y lo hicimos con normalidad. Lo que hay es que aprender a gestionarlo y gestionarlo con dignidad», ha apuntado.
En esa línea ha cargado contra el uso de la migración como una «herramienta política, xenófoba y fascista que en muchas ocasiones tiene que ver con el color de la piel» pues no ha habido «contestación» ante la llegada de refugiados ucranianos.
Clavijo se ha mostrado crítico con el «populismo de derecha, xenófobo y fascista» que «está jugando con el dolor y el futuro de esos niños y de esas niñas de manera mezquina simplemente por intentar arañar un puñado de votos».
Torres no entiende que haya comunidades que «incumplan la ley»
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, no concibe que haya comunidades autónomas que, llegado el momento de acoger a los menores migrantes que les sean asignados en el reparto establecido por decreto ley, se opongan a acatar la norma.
«Esto es ley. No deberíamos decirlo, pero si es una ley, estamos obligados a cumplirla. Por supuesto que -las comunidades- pueden acudir al Tribunal Constitucional o al Supremo, ya lo han hecho, pero no me cabe en la cabeza que no vayan a cumplirla».
En declaraciones a los medios en La Palma, Torres ha explicado que si un menor es derivado a otra comunidad, lo acoge una ONG, se le asigna un espacio y «se le pone pegas por parte de una autoridad determinada, esa autoridad estaría incumpliendo la ley», lo que habría que notificarse «a las autoridades respectivas, Fiscalía y otras, para que actúen en consecuencia».
Y ha recalcado que al tratarse de menores de edad, en sus desplazamientos a la península, desde Canarias o desde Ceuta, deberán ir acompañados de un agente policial por cada cinco niños, para garantizar hacerlo «con la mayor seguridad, preservando el derecho superior del menor».
El Gobierno exige su cumplimiento
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han advertido de que las comunidades autónomas están obligadas a cumplir con la ley que regula esta derivación y que de no hacerlo habrá consecuencias legales y tendrán que actuar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La meta es derivar a alrededor de tres mil menores y también a los que lleguen a Canarias, Ceuta y Melilla a partir de septiembre. Al margen de este proceso, el Gobierno está comenzando a asumir la atención de otro millar de menores solicitantes de asilo, tal y como le ordenó el Tribunal Supremo.
Ambos ministros han defendido que los parámetros no dan ventajas a ninguna comunidad y son objetivos y transparentes: pueden pedir el traslado de menores las autonomías que tripliquen el ratio de acogida de 32,6 menores por cada cien mil habitantes y se aplicarán además parámetros como el esfuerzo previo, la renta, la insularidad o la situación fronteriza.
Ni el Gobierno ni Canarias ven recorrido a los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo por parte de once autonomías, dos de las cuales pedirán la suspensión cautelar de este sistema.
Unicef urge a despolitizar el reparto de menores migrantes
Por su parte, Unicef ha hecho un llamamiento a despolitizar el reparto de menores migrantes no acompañados y ha urgido al Gobierno y las comunidades a que desbloqueen esta situación, porque se trata de niños que, tras vivir «viajes traumáticos», se encuentran ahora con un sistema de protección saturado.
La organización recalca que, «más de polémicas, debe primar siempre el interés superior de cada uno de estos niños y niñas».
«La situación debe despolitizarse, no podemos olvidar que estamos hablando de niños y niñas que, en muchos casos, han vivido viajes traumáticos y que ahora se encuentran bajo un sistema de protección saturado”, ha lamentado Lara Contreras, directora de Influencia, Programas y Alianzas de la ONG.
Según la portavoz de la ONG, «es hora de desbloquear la situación». «Gobierno central y comunidades autónomas tienen que trabajar coordinados para garantizar la protección la infancia migrante no acompañada», ha zanjado.
Desde hace meses, Unicef lleva pidiendo la creación de una unidad multidisciplinar estatal de apoyo a la infancia migrante en emergencias, que identifique las necesidades de cada niño antes de los traslados.
