La nueva normativa busca reducir la burocracia y finalizar obras paralizadas, además, la oposición critica la medida por considerar que privatiza el suelo
El Gobierno de Canarias impulsa una nueva ley de vivienda en las islas. Esta norma busca reducir la burocracia y acelerar las construcciones. Así, los ciudadanos encontrarán soluciones habitacionales ante el problema social actual. La nueva legislación genera un intenso debate entre los grupos políticos.
Mientras el Gobierno defiende sus ventajas, la oposición considera insuficientes las medidas. Por consiguiente, los ayuntamientos tendrán un papel clave en su aplicación final.
El debate político y las críticas
Para empezar, la oposición autonómica muestra un fuerte rechazo. Paula Jover, diputada de VOX, afirma que la comunidad cede ante la izquierda. Según ella, esto ocurre con las zonas residenciales tensionadas.
Por otro lado, Carmen Hernández, de NC-BC, lanza duras acusaciones. Asegura que el Ejecutivo utiliza este problema social como simple excusa. Con ello, buscan privatizar el suelo en todo el archipiélago.
Además, Patricia Hernández, del Partido Socialista, critica los plazos establecidos. Según la diputada, los constructores habituales elegirán el tipo de vivienda. Así, protegerán los inmuebles durante siete años frente a cuarenta.
La postura del Gobierno y la controversia
En contraste, los grupos del Gobierno defienden firmemente la ley. Luz Reverón, del Partido Popular, prioriza construir viviendas frente a la burocracia. De este modo, los canarios accederán a hogares dignos.
También, Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, niega cualquier privatización. Beato subraya que la norma garantiza primero la justicia social. Por tanto, asegura un techo para todos los residentes canarios.
Sin embargo, la tensión creció al rechazar enmiendas de la oposición. Una propuesta que buscaba regular el alquiler vacacional en las Islas Verdes. Raúl Acosta, del Grupo Mixto, afirma que la enmienda vetada buscaba proteger el valioso paisaje de las islas.
El futuro turístico y la agilización de trámites
Por su parte, Jesús Ramos, de ASG, defiende el sector turístico. Ramos considera fundamentales las viviendas vacacionales para las Islas Verdes. Por ello, pide seguridad y tranquilidad para los propietarios.
Ante esto, Fernando Clavijo promete dar respuestas tras el verano. El presidente autonómico asegura que su equipo resolverá las dudas pendientes. De esta forma, intentarán contentar a todas las partes implicadas.
Finalmente, la norma agilizará los trámites gracias al sector privado. Colegios profesionales y entidades colaborarán elaborando informes para los técnicos municipales. Así, las licencias llegarán en un plazo de ocho meses.
Apoyo empresarial y obras inacabadas
Isidro Martín, representante de los constructores tinerfeños, celebra esta agilidad. Martín explica que entregarán el trabajo hecho a los técnicos municipales. Consecuentemente, evitarán esperas de hasta cuatro años en algunos ayuntamientos.
Asimismo, Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores de Las Palmas, valora positivamente este paso. Gil destaca la importancia de facilitar y agilizar todas las construcciones. Por consiguiente, los planes de vivienda apoyarán a los promotores.
Además, la normativa permite terminar obras paralizadas por la burbuja inmobiliaria. El objetivo principal es aprovechar al máximo el suelo disponible actualmente. Ahora, los ayuntamientos decidirán si aplican esta nueva medida.
