Canarias se plantea la posibilidad de limitar la compra de viviendas a los no residentes. El pasado año el 41 % de las que se vendieron las compraron extranjeros
El 41 % de las viviendas que se vendieron en Canarias el pasado año las compraron extranjeros, sobre todo italianos y británicos. Con estas cifras sobre la mesa, unido al aumento de los precios, Canarias se plantea la posibilidad de limitar la compra a los no residentes.
En la Unión Europea podemos fijarnos en Finlandia. En las Islas Aland un extranjero necesita un permiso específico para poder comprar una vivienda. En Malta, para poder comprar una segunda casa hay que justificar la residencia en el país en los últimos 5 años. Igual ocurre en Dinamarca, donde los extranjeros solo pueden comprar propiedades como primera residencia o sede de un negocio. En Croacia lo que se limita es la compra de tierras agrícolas.
Estos países europeos pueden hacerlo porque así lo acordaron en su tratado de adhesión y recordemos que España no lo propuso cuando lo hizo en 1986. Ese es el primer escollo que tiene el Gobierno canario.
Libre circulación de capitales y compra de bienes
Pero además, el archipiélago lo tiene complicado porque hay que respetar el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dice que no se puede limitar la libre circulación de capitales ni la compra de bienes. Y esa es la razón por la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rechazó la misma propuesta que hicieron unos municipios de Flandes, en Bélgica.
Aunque Canarias lo tiene difícil, como en todas las leyes aquí también hay excepciones. La Unión Europea no cierra la puerta a esta propuesta canaria pero hay que justificarla.
Aumento de precios
Precisamente para frenar el aumento del precio de la vivienda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda han restringido la compra a extranjeros. Canadá, por ejemplo, por un periodo de dos años. En Andorra la han limitado hasta que se articule un impuesto específico para estos inversores no nacionales y con ese dinero construir vivienda pública.
