El Instituto Canario de la Vivienda reforzará las ayudas del Gobierno de España a cerca de medio millar de familias que perdieron su vivienda tras la erupción del volcán
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la resolución de concesión y abono de las primeras ayudas de hasta 30.000 euros a las familias afectadas por la destrucción total de la vivienda habitual por el volcán de 2021 en Cumbre Vieja.
Con esta línea de ayudas adicionales, informa la Consejería, el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) reforzará con hasta 30.000 euros las ya otorgadas por el Gobierno de España con carácter de indemnización a aproximadamente medio millar de familias que perdieron su vivienda, un año después de ser anunciadas.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha declarado que “este compromiso está cerrado y se les harán los ingresos de estos fondos por parte del Gobierno de Canarias”, tras la publicación de la resolución con las primeras familias adjudicatarias de estas ayudas complementarias.
Esta medida servirá como complemento a la ayuda concedida por el Estado mediante el Real Decreto-ley 20/2021 para la reparación de los daños ocasionados por la erupción volcánica por la que se destinaban hasta 60.480 euros para paliar los daños en las viviendas a las familias afectadas.
Las familias deben aparecer en el registro de damnificados por el volcán
El ICAVI ha destinado a esta primera resolución de abono una partida presupuestaria de un millón de euros, de los nueve millones de que dispone para el pago de estas ayudas, y se ultiman las resoluciones para otras 200 familias, mientras se siguen cruzando datos con la Administración General del Estado.
En esta primera resolución de concesión y abono de subvenciones directas han resultado beneficiarias un total de 48 familias a las que se van a distribuir ayudas por un valor total de 987.285 euros.
El abono se llevará a cabo directamente en las cuentas corrientes de estas familias una vez transcurrido el plazo legal de cinco días que se da a los beneficiarios después de publicarse en el BOC por si alguno quiere renunciar a la subvención.
El ICAVI tiene que certificar que esas familias se encuentran inscritas en el registro oficial de damnificados por el volcán, y valorar si con la indemnización estatal se han cubierto todas las pérdidas sufridas para, en base a ese porcentaje de compensación, otorgar la nueva ayuda que variará hasta un máximo de 30.000 euros.
