El presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, dejó de manifiesto que las islas continúan encabezando la litigiosidad de todo el Estado
Los 210 órganos judiciales de la comunidad autónoma de Canarias registraron durante 2021, en los cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social), un total de 374.083 asuntos, un 10,8% más que en 2002.
Los órganos judiciales resolvieron 372.104 (un 16,7% más que en el ejercicio previo) y dejaron en trámite de resolución a 31 de diciembre de 2021 un total de 158.052 litigios, un 1,7% más que en 2020. Estos son los principales datos que ofrece la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre 2021, que este viernes se presentó a los medios en Las Palmas de Gran Canaria por el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado.
Canarias volvió a ser en 2021 –como ya lo había sido en los dos años anteriores– el territorio del Estado donde más se litigó: 171,10 pleitos por cada 1.000 habitantes, 38,7 más que la
media del Estado (132,33) y 27,01 más que la segunda en el escalafón, Andalucía, que computó 144,09 litigios por cada 1.000 habitantes.
Cifras por órdenes jurisdiccionales
En el ámbito de la jurisdicción civil, el informe detalla que las oficinas judiciales de las Islas registraron durante 2021 un total de 151.996 asuntos (un 21,8% más que en el año anterior), resolvieron 146.796 (un 26,3% que en 2020) y dejaron pendientes de resolución, a 31 de diciembre, 92.343, un 4,8% más que al final de 2020.
En el orden penal, se computaron 184.783 asuntos nuevos (un 3,4% más que el año anterior), se resolvieron 186.091 (un 7,7% más) y quedaron en trámite de resolución a final de año 39.501 casos, un 0,11% más que en 2020.
En la jurisdicción contencioso-administrativa se incoaron 10.571 procedimientos (un 32,2% más que en 2020), se resolvieron 10.018 (un 34,7% más) y quedaron pendientes 7.579 (un 13,2% más).
En el orden social, los órganos judiciales del Archipiélago incoaron 26.733 procesos (un 2,05% más que en 2020), resolvieron 29.199 (un 31,2% más que el año anterior) y
dejaron en trámite a fin de año 18.629, un 11,9% menos que en el ejercicio previo.
Sentencias
Los datos recabados por la Memoria del TSJC apuntan a que el año pasado se dictaron 92.975 sentencias (un 29,8% más que el año anterior), una media de 442 por órgano judicial; 197.258 autos (un 11% más que en 2020), una media de 939,32 por
órgano, y 85.022 decretos (un 23,7% más que en el año anterior, a una media de 404,87 decretos por órgano judicial).
Se registraron 54.324 ejecuciones de sentencias (un 31,2% más que en 2020), se resolvieron 70.711 (un 25,8% más) y quedaron en trámite a final de año 138.911 (un 3,4% más).
Elevado nivel de litigiosidad en Canarias
A juicio del presidente, los datos de la memoria ponen de manifiesto el incremento de asuntos y el elevado nivel de litigiosidad de nuestro territorio. “La pregunta obligada es ¿qué podemos hacer para reducirla?”, expuso. Igualmente, continuó Bragado, las cifras evidencian “el alto nivel de rendimiento de los órganos judiciales de Canarias, lo que demuestra el esfuerzo y dedicación de los titulares y de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia” y el incremento de la pendencia. “Pese a la dedicación y al rendimiento, la pendencia aumenta en todas las jurisdicciones, salvo en la social”, señaló.
La conclusión, sintetizó, “es que se necesitan más órganos judiciales. Parece que este año nos van a corresponder entre cuatro y seis, pero se necesitan muchos más. Mientras se crean, lo único que podemos hacer desde la Sala de Gobierno, y así lo venimos haciendo, es solicitar medidas de refuerzo, no siempre concedidas. Además, topamos con el problema de la falta de coordinación entre las administraciones con competencias en la materia”.
Mejoras en el sistema
El presidente subrayó que el documento pone de manifiesto también la necesidad de introducir cambios en la organización. “El modelo actual, basado en unidades judiciales atomizadas resulta obsoleto e ineficiente. Necesitamos con urgencia un rediseño de la planta judicial y que se implanten los tribunales de instancia”, indicó Bragado.
“Necesitamos también que se mejoren las infraestructuras judiciales”, explicitó; “hay partidos judiciales, como el de Las Palmas de Gran Canaria, que disponen de magníficas instalaciones, pero en otros se aprecian importantes deficiencias: todo ello se describe en la memoria”.
Bragado reclamó también mejoras en el sistema informático, “para que satisfaga las exigencias que contempla la Instrucción 1/2018 del Consejo General del Poder Judicial, para que el expediente electrónico sea una realidad y cumpla con todas las garantías. Sabemos que se está poniendo en marcha una nueva versión del programa Atlante, la 1.8, que va en esa dirección. Confío en que los problemas que se están registrando se solventen a corto plazo”, declaró.
