Así lo confirmó el consejero Pablo Rodríguez en el pleno del Parlamento de Canarias, donde anunció el nuevo decreto regulador del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha explicado este martes en el Parlamento de Canarias el nuevo decreto regulador del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y del régimen de adjudicación de viviendas públicas, destacando que la norma supone “un cambio jurídico de fondo” orientado a garantizar un acceso más equitativo, transparente y vinculado a la realidad social del Archipiélago.
Durante su intervención parlamentaria, el consejero ha indicado que el decreto convierte el Registro de Demandantes en un instrumento de planificación del acceso a la vivienda pública, dejando atrás su carácter meramente formal e incorporando el arraigo como requisito estructural del sistema mediante la exigencia de al menos cuatro años de vecindad administrativa para la inscripción.
Rodríguez ha señalado además que el nuevo modelo sustituye el sistema de adjudicación basado en el sorteo por un procedimiento reglado de baremación, sustentado en criterios objetivos vinculados a la situación económica, social y familiar de las personas solicitantes, reforzando así la justicia social, la transparencia y la seguridad jurídica en el acceso a las viviendas protegidas.
Requisitos de residencia
El consejero ha destacado además que la norma refuerza los requisitos de residencia para acceder a la adjudicación de viviendas públicas, estableciendo la necesidad de acreditar diez años de residencia ininterrumpida en Canarias —o quince en caso de residencia discontinua—, así como una vinculación efectiva con el municipio donde se ubique la promoción, garantizando que el parque público atienda prioritariamente a la población con arraigo real en el territorio.
Asimismo, el decreto incrementa los porcentajes de reserva para colectivos prioritarios, ampliando el cupo destinado a jóvenes, personas mayores, personas con limitaciones funcionales y víctimas de violencia de género, reforzando el carácter social del sistema público de vivienda.
Con esta iniciativa normativa, el Gobierno de Canarias avanza en la modernización del marco jurídico de la vivienda protegida, consolidando un modelo que prioriza la necesidad habitacional, la equidad en el acceso y la función social del parque público de vivienda.
