El Gobierno de Canarias quiere conocer las consecuencias de la pérdida de los datos de las órdenes de alejamiento anteriores a marzo de 2024
Las pulseras de control telemático permiten conocer la ubicación exacta de los agresores machistas con órdenes de alejamiento de sus víctimas. Así, sirven para proteger a las mujeres y documentar posibles quebrantamientos. Son más de 4.500 los hombres que las llevan puestas.
Una incidencia en la gestión de los datos de ubicación de los agresores, de la que alertó la Fiscalía en 2024, ha desatado una nueva tormenta política. Ha puesto en el foco estos dispositivos, que se utilizan en España desde 2009 y con los que no ha sido asesinada ninguna víctima que lo portara.
El cambio en las empresas que gestionaban estas pulseras, en marzo de 2024, provocó una incidencia temporal que impidió a los juzgados acceder a los datos de ubicación de maltratadores que hubieran podido quebrantar la medida de alejamiento antes de esa fecha, lo que llevó al sobreseimiento temporal de casos.
Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Igualdad han asegurado que este problema se solucionó a finales de 2024 y solo afectó a algunos procedimientos judiciales -la mayoría de los cuales ya se han reabierto-. Concretan además, que los dispositivos de control de localización funcionaron perfectamente en todo momento, por lo que las víctimas nunca quedaron desprotegidas.
Ante estos datos, se ha encendido la alarma también en Canarias. Por eso, la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, se ha dirigido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para mostrarle su preocupación por la pérdida de todos esos datos.
Una carta de preocupación
En una misiva dirigida este jueves a la ministra, Barreto solicitó información sobre cómo ha podido afectar la incidencia a las víctimas de violencia de género en Canarias. También quiere saber qué medidas se están tomando para garantizar su seguridad y sus derechos, y que los agresores puedan ser condenados, en su caso, por los tribunales.
En este punto, la consejera Nieves Lady Barreto manifestó la plena disposición del Gobierno de Canarias, desde la Viceconsejería de Justicia, a colaborar con el Ministerio en lo que sea necesario.
No es la primera vez que desde la Consejería de Presidencia se da traslado al Ministerio de Igualdad de problemas con las pulseras de protección. Ya en febrero del año pasado, el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, alertó a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género sobre la escasez de dispositivos y el hecho de que la empresa concesionaria que debía entregar y poner en funcionamiento el transmisor que se ajusta a la muñeca o el tobillo del investigado, encausado o condenado no disponía de técnicos en las islas no capitalinas.
Cabe recordar que, aunque a nivel nacional la concesión de órdenes de protección bajó en 2024 en un 6,5%, Canarias mantuvo una de las tasas más altas de concesión, con al rededor del 76,7% de las solicitudes aprobadas.
