Las autoridades españolas han comunicado a la Comisión Europea que los fondos europeos por el Caso Koldo ascienden a 17,8 millones
El presunto caso de corrupción a través de contratos firmados durante la pandemia para la compra de mascarillas conocido como «Caso Koldo» afecta a partidas de dos fondos europeos que movilizaron en total 17,8 millones de euros, según han trasladado las autoridades españolas a la Comisión Europea.
Un portavoz confirmó que se trata, en concreto, de 14,7 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de otros 3,1 millones que forman parte del Fondo europeo de Solidaridad.
La Comisión Europeo pidió «aclaraciones» al Gobienrno
Estas cifran fueron transmitidas por la «autoridad española de gestión» de fondos de la UE, es decir, el Ministerio de Hacienda, al Ejecutivo comunitario, que había pedido «aclaraciones» al Gobierno en una carta el pasado 27 de febrero.
«El viernes, 8 de marzo, la Comisión recibió una respuesta de la autoridad de gestión. Una vez completada su evaluación de los contratos investigados, identificó un apoyo del FEDER y del Fondo de Solidaridad por una cantidad de 14,7 millones y 3,1 millones, respectivamente», precisó el portavoz.
El importe exacto total del FEDER fue de 14.659.048,45 de euros, de los cuales 10.900.833,21 millones fueron para Canarias y 3.758.215,24 millones para Baleares; mientras que el del Fondo de Solidaridad fue de 3.144.775,64 millones.
Desde Europa «vigilarán detenidamente» la evolución del caso
La Comisión Europea señaló que seguirá «vigilando detenidamente» la evolución de los acontecimientos y «tomará las medidas adecuadas para asegurar la protección de los intereses financieros de la Unión«, porque tiene «cero tolerancia con el fraude».
Así, el portavoz recordó que Bruselas dispone de «muchas posibilidades y herramientas», como interrumpir o suspender los pagos a Estados miembros, imponer «correcciones financieras», adoptar medidas administrativas y recuperar los fondos ya desembolsados».
Las pesquisas se centran específicamente en los contratos suscritos por el Servicio de Salud de las Islas Canarias y el Servicio de Salud de Islas Baleares para el suministro de mascarillas y se abrió tras recibir la denuncia de un particular.
