Además, CEOE Tenerife reclama una posible rebaja del IGIC en los productos afectados por el encarecimiento energético
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Tenerife ha propuesto al Gobierno de España una reducción temporal de la fiscalidad sobre carburantes o una compensación estatal equivalente para Canarias mientras se mantenga el repunte de precios derivado de la guerra en Irán.
Además reclama una posible rebaja del IGIC en productos especialmente afectados por el encarecimiento energético.
La organización empresarial plantea esta medida dentro de un paquete de diez propuestas dirigido a mitigar el impacto económico del actual contexto de inestabilidad geopolítica internacional derivado de la guerra y del aumento de los costes energéticos y logísticos.
Según CEOE, el encarecimiento del combustible tiene un impacto mayor en las islas debido a la dependencia del transporte marítimo, aéreo y por carretera para el abastecimiento y la actividad económica.
Entre las iniciativas propuestas figura también la creación de un fondo extraordinario de compensación para el transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en Canarias, así como entre islas, con el objetivo de evitar que la subida del petróleo se traslade íntegramente a los precios finales.
Reducción tasas aeroportuarias
Los empresarios plantean además una reducción temporal de las tasas aeroportuarias para evitar un impacto negativo en el turismo y proteger la cadena alimentaria, el comercio, la industria y la construcción.
El documento incluye igualmente ayudas directas temporales al transporte profesional de mercancías y pasajeros, al sector primario, a la pesca, al cabotaje interinsular, al sector industrial y a los operadores logísticos aeroportuarios y empresas de distribución interinsular.
Otra de las propuestas es mantener o reforzar el régimen de gratuidad o bonificación del transporte público en Canarias para compensar el encarecimiento del combustible y proteger el poder adquisitivo de trabajadores y estudiantes.
La organización empresarial solicita también la creación de una línea específica del Instituto de Crédito Oficial para empresas canarias, especialmente pymes y autónomos, destinada a facilitar liquidez y circulante ante el aumento de costes energéticos, de transporte y de aprovisionamientos.
Entre las medidas planteadas figura además un incentivo temporal para que las empresas puedan actualizar salarios bajos y medios mediante bonificaciones en cuotas o deducciones fiscales, junto con la ampliación de los tramos del IRPF para sostener el poder adquisitivo de las familias.
El documento propone asimismo un mecanismo singular de estabilización de costes energéticos para los sistemas eléctricos no peninsulares, con el fin de amortiguar el impacto de las subidas de la electricidad en hogares, industria y servicios.
Redes eléctricas
Los empresarios plantean también acelerar las inversiones en redes eléctricas, almacenamiento, autoconsumo y respaldo energético para reforzar la seguridad del suministro y reducir la dependencia del petróleo.
Asimismo, solicitan un programa extraordinario de apoyo a la agricultura, la ganadería y la pesca para compensar el aumento de costes derivados del combustible, los piensos, los fertilizantes, el frío industrial y el transporte.
El documento concluye reclamando que cualquier decreto estatal anticrisis incluya una cláusula específica para Canarias que permita modular territorialmente las ayudas por su condición de región ultraperiférica y por la dependencia logística y energética del archipiélago.
En definitiva, la CEOE ha recalcado que, con estas medidas, «Canarias no solicita privilegios, sino la corrección de desventajas objetivas derivadas de su condición territorial», pues si la guerra encarece petróleo, electricidad y transporte, el impacto en las islas es proporcionalmente mayor debido a la ultraperiferia, la insularidad y la dependencia logística y energética.
Por ello, ha agregado, se considera imprescindible que el decreto estatal incorpore una cláusula específica para Canarias, estableciendo medidas inmediatas dirigidas a los sectores de combustible, transporte de mercancías, energía, sector primario, pymes y poder adquisitivo.
