Los afectados reclaman miles de euros por productos nunca entregados mientras la compañía entra en concurso de acreedores
Más de treinta usuarios denuncian este mes a la empresa canaria Última Informática por incumplir la entrega de pedidos ya pagados. Los afectados perdieron grandes sumas de dinero en compras realizadas desde finales de 2024 en las islas y la península.
Actualmente, la marca atribuye los retrasos a su situación de insolvencia legal mientras mantiene su página web operativa para nuevas ventas. Los clientes exigen soluciones urgentes tras meses de silencio y excusas por parte de la dirección de la empresa tecnológica.
El calvario de los clientes
Marc Gautam explica que realizó varios pedidos entre noviembre y diciembre de 2024. Sin embargo, la empresa jamás entregó los artículos informáticos que él solicitó.
Además, el usuario señala que los responsables daban largas con excusas sobre la falta de stock. También alegaban supuestos problemas técnicos para no cumplir.
Finalmente, el afectado tuvo que llamar con número oculto para conseguir atención telefónica. Más de treinta personas relatan experiencias idénticas en esta difícil situación.
Pérdidas económicas millonarias
José Mussach sufre el golpe más duro tras desembolsar 41.186 euros en la tienda. Este importante palo económico afecta directamente a su bienestar familiar. Por consiguiente, el cliente intercambió decenas de correos electrónicos durante los últimos catorce meses. Incluso un abogado acudió al establecimiento físico sin obtener éxito alguno.
En este sentido, los afectados denuncian que la web continúa atrapando a nuevos usuarios todavía. La plataforma sigue activa y rompe los sueños de mucha gente.
La empresa en concurso de acreedores
La dirección de la firma confirma que la sociedad entró en un proceso de concurso de acreedores. Por esta razón, los abogados gestionan actualmente las devoluciones. En cambio, la compañía ya cerró la última de sus 13 sedes físicas en Canarias. Esta medida aumenta la preocupación de los clientes que esperan soluciones.
De este modo, la resolución del conflicto queda ahora bajo la estricta supervisión de la autoridad judicial. Los denunciantes exigen el retorno inmediato de su capital.
