La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas señala que entre 2021 y 2026 quedaron desiertas 854 licitaciones de obra pública en Canarias por 490 millones de euros
La patronal de la construcción en la provincia de Las Palmas ha denunciado este viernes que las administraciones de las islas hunden los precios de las obras públicas, lo que provoca que cada vez más licitaciones queden desiertas y facilita que se las encarguen a la sociedad pública Tragsa.
En un comunicado, la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP) sostiene que, entre 2021 y octubre de 2026, 854 licitaciones de obra pública quedaron desiertas en Canarias, con un presupuesto total de 490 millones de euros.
Esta patronal carga de nuevo contra Tragsa, sociedad pública a la que acusa desde hace tiempo de hacer competencia desleal a las empresas privadas del sector de la construcción.
Esta vez, denuncia que Tragsa ha recibido en los últimos seis años en Canarias 943 contratos de obra pública en Canarias, valorados en más de 1.000 millones de euros, mediante procedimientos que considera que «pasan de puntillas por la legalidad, eluden la Ley de Contratos del Sector Público» y, a veces, acaban «duplicado los costes».
«Dudoso» comportamiento
«Este dudoso y sospechoso comportamiento de las administraciones públicas, genera una competencia desleal respecto de las empresas que operan en el mercado, debilitando su posición en el mismo, haciéndolas menos competitivas e impidiéndoles su crecimiento y especialización», asegura la AECP.
Los constructores se quejan de que en 2024 «las administraciones públicas han más que triplicado sus encargos directos, sin pasar por licitación, a Tragsa, en cuanto a presupuestos (387 millones de euros, +237 %) y duplicado en cuanto a obras (224, +91,5 %)».
Y todo ello ha provocado, desde su punto de vista, que cada vez haya más licitaciones que terminan desiertas o a las que solo acude un licitador, «lo que también constituye una amenaza para la ejecución de los fondos europeos y la puesta a disposición de infraestructuras y equipamientos«.
«La razón fundamental de este fenómeno es el efecto ‘dumping’ que generan las administraciones públicas licitando obras con precios que están por debajo de los de mercado y que más tarde encargan a Tragsa duplicando su coste y que ignoran los convenios colectivos o minimizan la acción preventiva de riesgos en las obras, o eluden la gestión de residuos, o pasan de largo por diferencias de precios de material, negándose con carácter general a la revisión de precios», apunta la patronal de Las Palmas.
