La asociación ‘Derecho al Techo’ denuncia el endurecimiento al acceso a vivienda pública
Derecho al Techo, asociación que representa a personas sin hogar, cree que el proyecto de decreto aprobado por el Gobierno de Canarias «para endurecer el acceso a la vivienda pública en función de los años de residencia» en las islas, incurre, además, en la «aporofobia y la xenofobia institucional».
Así lo consideró este domingo en un comunicado esta entidad, que recalca que la nueva fórmula, que sustituye el sistema de sorteo por una baremación por circunstancias socioeconómicas y familiares y exige residir en las islas durante al menos 10 años seguidos o 15 de forma discontinua, «no resuelve la emergencia habitacional».
Castiga a los más vulnerables
En opinión de Derecho al Techo, «condicionar el derecho a una vivienda pública a diez años de residencia continuada o quince discontinua no ataca el verdadero problema de la vivienda en Canarias, que es la especulación, la turistificación, la acumulación de vivienda en manos de fondos y grandes propietarios y la ausencia histórica de un parque público suficiente».
Por otro lado, el colectivo estima que con estos nuevos requisitos se «señala y castiga a quienes tienen menos recursos y menos capacidad de defensa«.
El colectivo se pregunta qué ocurrirá con los trabajadores canarios «que se vieron obligados a emigrar para sobrevivir y que, al regresar, se encuentran expulsados del derecho a una vivienda pública» o con los estudiantes «que han salido a formarse fuera y vuelven a su tierra sin cumplir esos años exigidos».
A su juicio, a ambos grupos de personas «se les penaliza por no haber podido quedarse cuando aquí no tenían empleo ni oportunidades».
Este colectivo insiste en que «endurecer el acceso a algo que apenas existe», en referencia a «un parque público de vivienda digno y suficiente, no es una política de vivienda, sino una operación cosmética que desplaza la responsabilidad del Gobierno hacia la población más vulnerable».
Por tanto, rechaza «que se utilice la emergencia habitacional para normalizar discursos excluyentes y desviar la atención de quienes realmente se benefician del actual modelo inmobiliario» y subraya que «la vivienda pública debe servir para garantizar derechos, no para levantar nuevas fronteras sociales».
