Consideran que las medidas «no son justas ni suficientes» a pesar de buscar aliviar el mercado
El movimiento social Derecho al Techo, que asiste en Canarias a personas afectadas por desahucios y dificultades para acceder a una vivienda, ha rechazado este miércoles el nuevo decreto del Gobierno de España sobre el mercado del alquiler, ya que considera que «no es suficiente y no es justo».
En un comunicado, esta plataforma reconoció que las medidas anunciadas por el Gobierno «buscan aliviar» el mercado del alquiler, pero opina que tienen un «enfoque» que «vuelve a cargar la crisis de vivienda sobre quienes ya la están sufriendo y evita afrontar el problema de fondo«.
Solo beneficia a rentistas y grandes tenedores
Derecho al Techo cree que la bonificación del 100 % del IRPF a aquellos caseros que renueven contratos sin subir el precio y la delimitación del alquiler por habitaciones «no resuelven los alquileres desorbitados y la inexistencia de un parque público suficiente que garantice el derecho a la vivienda», cuando «existen miles de viviendas cerradas para especular«.
Según este colectivo, esta se trata de una medida fiscal que «solo beneficia a los rentistas y especialmente a los grandes tenedores».
Esta lógica “ya está contemplada en la Ley de Vivienda estatal, cuya aplicación permitiría efectivamente limitar los precios en las zonas tensionadas y regular a los grandes tenedores”, pero que “comunidades autónomas como Canarias, entre otras, se niegan a aplicar”, subrayaron.
A su juicio, el resultado «es el mismo: se prioriza la rentabilidad privada mientras se bloquea cualquier intervención realmente eficaz sobre el mercado».
Sin garantía de vivienda digna
Para Derecho al Techo, esta política «premia a los rentistas», con una bonificación fiscal que «equivale a una ayuda pública directa a quienes ya obtienen ingresos por alquiler, generalmente en una posición económica más sólida que la mayoría de la población».
Este colectivo considera «inaceptable» que «el dinero público se utilice para mejorar la rentabilidad privada mientras no se garantiza el acceso a una vivienda digna para quienes la necesitan».
Derecho al Techo rechaza el decreto porque no atiende «a una dinámica especulativa estructural que convierte la vivienda en mercancía antes que en derecho humano».
En este línea, el colectivo demanda más vivienda pública y la intervención pública directa para estabilizar precios y reducir el poder de los grandes tenedores, con medidas estructurales entre las que apuesta por el «control efectivo de precios, penalización de viviendas vacías, freno al turismo especulativo y a los fondos buitre».
