Según explica la abogada de Derecho al Techo, el juez considera que la familia no es vulnerable porque el padre trabaja y tiene un sueldo
La plataforma Derecho al Techo de Canarias ha denunciado este sábado que una familia de Ingenio (Gran Canaria) con seis hijos será desahuciada el próximo jueves, después de que el juzgado haya reactivado el procedimiento paralizado en septiembre al no reconocer su situación de vulnerabilidad.
La abogada de la plataforma, Isabel Saavedra, ha explicado a EFE que el juez considera que la familia no es vulnerable, porque el padre trabaja y tiene un sueldo.
Sin embargo, la letrada cuestiona ese criterio, recordando que en Canarias, «con los precios por las nubes, un salario mínimo no alcanza para pagar un alquiler de 800, 900 o 1.000 euros y alimentar a seis hijos», de entre 3 y 14 años.
La familia percibe un salario mínimo
El padre, Moisés Macías, percibe un salario mínimo como reponedor, empleo al que accedió tras renunciar a la incapacidad absoluta para poder trabajar, reduciéndola a una incapacidad total, ha explicado Saavedra.
«Lo que viene a decir el juez es que si el umbral de vulnerabilidad está en 1.600 euros y ganas 1.700, ya no lo eres», ha lamentado Saavedra al subrayar que «no es lo mismo mantenerse una persona que ocho».
La familia iba a ser desalojada el pasado 9 de septiembre, pero el desahucio se suspendió porque el juzgado no había resuelto un recurso presentado por la abogada, en el que pedía que se reconociera su vulnerabilidad. Ahora, el tribunal ha desestimado ese recurso y ha fijado nuevamente el lanzamiento para el próximo jueves.
El banco le pide el 86% de lo que pagaron por la vivienda
Según explicó el padre en septiembre, compró la casa en 2006 y pagó la hipoteca durante 14 años, hasta que su mujer perdió el trabajo apenas unos meses antes de la pandemia de la covid-19, cuyas restricciones le hicieron muy difícil conseguir otro empleo.
Con los ingresos limitados a una pensión de incapacidad y a un subsidio de paro, la pareja dejó de pagar el crédito hipotecario, pero ahora que tienen trabajo y tienen capacidad de saldar la deuda, el fondo que compró su deuda al banco le pide por su vivienda el 86 % del precio que pagó por ella hace ya casi dos décadas, sin que se le reduzcan las cuotas abonadas durante 14 años.
La abogada ha presentado un nuevo recurso con la esperanza de que el desahucio vuelva a suspenderse si no se resuelve antes de la fecha prevista. Asimismo, ha señalado que «el fondo buitre» que compró la deuda «presentó un escrito contra mi recurso diciendo que no se parara el desahucio argumentando que no hay vulnerabilidad y que la familia tiene ingresos para pagar otra vivienda«
Inacción de las instituciones
Saavedra ha denunciado también inacción por parte del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Ingenio, al señalar que «cuando se paralizó el desahucio se comprometieron a ponerse manos a la obra y conseguir una alternativa habitacional para la familia».
«Ayer el concejal de vivienda y servicios sociales del Ayuntamiento de Ingenio, Lucrecio Suárez, dijo que no tenía ninguna vivienda para ellos«, ha agregado.
En cuanto al Ejecutivo autonómico, la letrada ha indicado que lo último que le comunicaron fue que se personarían en el juzgado el jueves, aunque no ha recibido aún ningún documento que confirme su asistencia.
Traslado de los hijos a un centro de menores
Además, ha recordado que existe un convenio firmado entre la Federación Canaria de Municipios (Fecam), el Gobierno de Canarias y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que establece la suspensión de los lanzamientos cuando haya familias vulnerables, «algo que aquí no se ha cumplido».
Según ha denunciado la abogada, «el juzgado no ha solicitado el informe de vulnerabilidad que establece la ley». Asimismo, Saavedra ha expresado la preocupación de que si se produce el desahucio, se traslade a los niños a un centro de menores.
«Nos encontramos con una situación mucho más allá de lo que es el derecho a la vivienda, es una problemática social, las administraciones públicas son quienes deben procurar y velar porque todo esto, de alguna manera, se pueda subsanar», ha dicho.
«Ya no es cuestión de tener trabajo, es que un trabajador no puede acceder ya a los precios de alquiler. Sobre todo en Canarias, y en determinadas zonas de las islas, el tema turistificación, que no es el único factor, está influyendo muchísimo y subiendo muchísimo el precio», ha aseverado.
