Las víctimas de la estafa inmobiliaria entregaban cantidades de hasta 85.000 euros para reservar la compra de una vivienda que acababan perdiendo
La Policía Nacional ha desarticulado en Tenerife una estafa continuada de más de 800.000 euros realizada por un matrimonio, de 42 y 39 años y con antecedentes policiales. Actuaba como agentes externos de una reconocida empresa inmobiliaria, solicitando dinero en concepto de señales o reservas apoderándose del dinero de sus víctimas.
Los agentes policiales recibieron denuncias similares de personas que manifestaban haber suscrito contratos de arras penitenciales para la compra de viviendas. Entregaban cuantiosas sumas a una inmobiliaria que se resolvían con la pérdida del dinero y sin opciones de adquirir la vivienda.
Esta inmobiliaria, ubicada en La Laguna, era dirigida por un matrimonio, que actuaba como agentes externos de una empresa inmobiliaria de reconocido prestigio. De este modo, accedían a su cartera de clientes y obtenían la información necesaria para su acción defraudatoria.
Modus operandi
El modus operandi, consistía en captar datos de los clientes de la reputada inmobiliaria, y a través de la agencia propia, realizar compraventas ficticias de los mismos. De este modo, compradores de buena fe, desembolsaban sumas de hasta 85.000 euros, en algunos casos, para la reserva de una vivienda. Una vivienda que jamás lograban adquirir, quedándose dicha pareja con el importe de la señal o arras.
Todo ello sucedía sin que el propietario de vivienda tuviera conocimiento alguno de que se estaba llevando a cabo la fraudulenta venta de su inmueble. Cuando los clientes estafados, exigían responsabilidad al matrimonio, éstos manifestaban que les iban a devolver el dinero, expidiéndoles cheques y pagarés, a sabiendas de que no los podían cobrar por carecer de fondos, generándoles, además, un incremento del perjuicio patrimonial a los afectados.
A disposición judicial
La investigación culminó con el registro de una lujosa vivienda. Valorada en un millón y medio de euros ubicada en la zona de Puerto de la Cruz. Allí se produjo la detención del matrimonio que fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
En el domicilio, en el que vivían sin pagar el alquiler, razón por la que tenían una orden de desahucio, se intervinieron contratos y abundante documentación. También equipos informáticos, y material que están siendo analizados por los expertos de la Policía Nacional.
