El Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil investigan a 32 personas por exportar material contaminante desde Canarias mediante el uso de facturas falsas
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desmantelado un grupo criminal responsable del transporte ilegal de hasta 650 toneladas de residuos peligrosos. La organización trasladaba estos materiales en contenedores desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife hasta diversos países africanos. En el marco de estas actuaciones, las autoridades investigan a 32 personas y cuatro sociedades con domicilios en Tenerife, Gran Canaria y Mallorca por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Funcionarios de Vigilancia Aduanera de Santa Cruz de Tenerife y agentes del Seprona de la Caldera de Taburiente, en La Palma, detectaron un continuo trasiego de mercancías por vía marítima. Los investigados ocultaban su actividad real mediante el uso de facturas falsas para evitar la inspección de la carga o la posible denegación de la exportación. De esta manera, el grupo enviaba al extranjero residuos de diversa naturaleza que generaban un riesgo directo para el medio ambiente y la salud pública.
El peligro de los gases sin tratar
Entre las mercancías exportadas destacaban residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, principalmente motores o compresores de frigoríficos desechados. La red extraía estos componentes ilegalmente sin realizar la debida descontaminación, lo que permite la liberación a la atmósfera de gases nocivos contenidos en su interior. Este proceso irregular supone una grave amenaza tanto para el entorno natural como para las personas.
La organización también traficaba con repuestos de automóviles y alrededor de 38 toneladas de extintores sin tratar. Asimismo, la red enviaba numerosos vehículos, como turismos y camiones, empleando documentación falsa para hacerlos pasar por mercancía de segunda mano. En total, el grupo habría transportado ilegalmente cerca de 650 toneladas de residuos peligrosos y 86 toneladas de residuos no peligrosos, con un valor conjunto de 800.000 euros.
Una estructura logística entre islas
El entramado criminal contaba con el liderazgo de cinco personas con roles diferenciados. Dos de los cabecillas, residentes en Gran Canaria, gestionaban la parte documental y logística de las exportaciones. Por su parte, otros tres individuos asentados en Tenerife realizaban los envíos y conseguían toda la documentación legal o falsificada necesaria para dar salida a los contenedores.
Para simular que la mercancía estaba descontaminada, la red utilizaba varios negocios que emitían facturas a nombre de terceros. En algunos casos, estos titulares de las facturas ni siquiera conocían la actividad de la organización criminal. Esta estrategia permitía a los investigados dar una apariencia de legalidad a productos altamente contaminantes que incumplían la normativa vigente.
El marco legal contra el tráfico de desechos
El Código Penal introdujo en 2015 el delito de traslado ilegal de residuos, el cual acarrea penas de tres meses a un año de prisión, además de multas e inhabilitación profesional. El tráfico ilícito de desechos peligrosos genera una creciente preocupación internacional debido a la necesidad de controlar estrictamente los movimientos transfronterizos y reducirlos al mínimo posible.
Esta prioridad internacional figura en el preámbulo del Tratado de las Naciones Unidas sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, el denominado ‘Convenio de Basilea’. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre este tipo de actividades para asegurar que el tratamiento de residuos cumpla siempre con los estándares de seguridad y protección ambiental exigidos por la ley.
