Está acusado de cinco delitos de corrupción de menores y otros tres de abusos sexuales por tocamientos a un mínimo de 8 chicos de entre 5 y 18 años a quienes prometía contratos deportivos
La Policía Nacional ha detenido a un entrenador de fútbol de Logroño como presunto autor de cinco delitos de corrupción de menores y otros tres de abusos sexuales por tocamientos a un mínimo de ocho chicos de entre 5 y 18 años, a quienes prometía contratos deportivos.
Según Eduardo Esteban, jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, el detenido es un «presunto depredador sexual«, al que también se le atribuyen un delito de pornografía infantil y otros tres de acoso sexual de menores por internet o «child-grooming».
La investigación se inició por una denuncia
Esteban ha comparecido en rueda de prensa para informar de esta operación junto a la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, el jefe superior de la Policía Nacional en La Rioja, Manuel Laguna y la inspectora de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), Zita Casacallana.
La investigación se inició en junio del año pasado, al recibir una denuncia por abusos sexuales a un menor, presuntamente cometidos por su entrenador, tras lo que se le arrestó en agosto pasado y se le incautó el teléfono móvil y una tableta, en la que había casi 63.000 archivos multimedia de índole sexual con menores.
Durante los diez meses que ha durado la investigación, que continúa abierta por unos hechos presuntamente cometidos entre 2019 y 2020, se identificó a siete víctimas más tras la primera denuncia presentada, todos adolescentes riojanos.
La Policía no descarta la aparición de más menores afectados, ya que el detenido trabajó muchos años como entrenador deportivo. El acusado se hacía valer de su posición de entrenador en un club deportivo de Logroño y ojeador de futbolistas para entablar relaciones con los jóvenes, ha subrayado.
Ansias deportivas
Así, ha relatado, se aprovechaba de «las ansias deportivas profesionales de los menores de llegar a ser alguien en el mundo del fútbol» para mantener conversaciones privadas «de índole sexual» con los chicos, fuera del ámbito de los entrenamientos.
Una vez que conseguía la confianza de los jóvenes, contactaba con ellos a través de las redes sociales o de aplicaciones de mensajería. Entonces, les pedía fotografías de sus partes íntimas o citas para verse a solas. Incluso, llegó a ofrecer dinero a alguno a cambio de mantener relaciones sexuales.
Los agentes corroboraron que llegó a realizar tocamientos a algunos y también convenció a uno para que se trasladara con él a otra ciudad bajo la falsa apariencia de firmar un contrato con un equipo profesional, y allí le propuso acudir a un hostal para mantener relaciones, lo que el menor declinó.
Algunos de los jóvenes accedían a los requerimientos del entrenador por el «temor» de que, si se negaban, no podrían cumplir sus expectativas profesionales en el mundo del fútbol, ha agregado.
Miedo a la estigmatización social
En el momento de la detención del entrenador, en la localidad riojana de Ventas Blancas, donde residía, se le incautó el teléfono móvil y una tableta, donde había más de 29 gigas de archivos multimedia.
En estos documentos aparecieron más menores que no se han podido identificar, pero la policía sostiene que, ante el miedo a una «estigmatización social», puede que no se atrevan a denunciar los hechos.
La delegada del Gobierno ha subrayado que este tipo de delitos «graves», con menores involucrados, «nunca deben quedar silenciados«.
Cascallana ha concretado que hubo dos denuncias, en 2015 y 2021, previas a estos hechos por «episodios semejantes», que fueron archivadas en sede judicial, pero desconoce si sucedieron en el mismo club de fútbol.
Tras su detención en agosto de 2022, este presunto abusador de menores pasó a disposición judicial y fue puesto en libertad, con la obligación de comparecer en el juzgado periódicamente, ha indicado.
Por último, Laguna ha puesto en valor el trabajo realizado por la Brigada de Policía Judicial y la UFAM en esta «ardua» investigación, en la que han tenido que revisar esos casi 63.000 archivos, y en un tema «tan delicado», en el que es «muy difícil» que las víctimas den un paso adelante y denuncien.
