La empresa que presuntamente delinquía pertenece al sector de la construcción en Lanzarote
La Policía Nacional culmino este viernes la “Operación Bordillo”, un operativo conjunto que ha permitido desmantelar un entramado delictivo dedicado a la explotación de trabajadores extranjeros en el sector de la construcción en la isla de Lanzarote.
Como resultado de la investigación, los agentes detuvieron a 16 personas, entre ellas dos empresarios del sector de la construcción y 14 trabajadores extranjeros que, presuntamente, trabajaban de forma irregular suplantando identidades ajenas.
Ciudadanos sin autorización de residencia ni trabajo
La operación se inició a mediados de octubre, cuando la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social (ITSS) tuvo conocimiento de que una empresa de construcción en Lanzarote podría estar empleando a ciudadanos extranjeros sin autorización de residencia ni trabajo.
La investigación reveló que esta empresa facilitaba a las compañías subcontratistas listados con los datos de empleados legalmente contratados, aunque posteriormente enviaba a las obras a otros trabajadores irregulares a quienes obligaba a memorizar los datos personales de los primeros.
De esta forma, la empresa mantenía en activo a distintos empleados con la misma identidad en
diferentes obras, eludiendo el pago de cuotas a la Seguridad Social y obteniendo un beneficio económico ilícito a costa de la vulnerabilidad de los trabajadores.
El pasado 4 de noviembre, los diversos agentes realizaron inspecciones simultáneas en cinco obras de gran envergadura situadas en los municipios de Arrecife, Yaiza, San Bartolomé y Teguise. Durante la actuación se identificó a catorce trabajadores que proporcionaron datos de filiación pertenecientes a otras personas.
En varios casos, los 14 implicados, todos de origen extranjero, no recordaban correctamente los apellidos, el número de NIE o los nombres de los supuestos padres, evidenciando la falsedad de su identidad.
Todos ellos resultaron detenidos por usurpación de estado civil, mientras que los dos responsables de la empresa fueron arrestados por los delitos de usurpación de estado civil, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores.
