Los doce menores migrantes no acompañados denuncian malos tratos por parte de los educadores y del director del centro en el que están acogidos
Doce menores migrantes han denunciado, en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número seis de Las Palmas de Gran Canaria, malos tratos por parte de los educadores y del director del centro en el que están acogidos, y uno de ellos dice haber sufrido «posibles tocamientos».
Según ha publicado este domingo el periódico La Provincia, se trata de un centro situado en Tafira y gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, y los hechos que denuncian comenzaron a producirse a principios de este mes cuando se incorporarán nuevos educadores, fecha en la que uno de los menores dice que se produjeron los «posibles tocamientos en el despacho del director».
La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha solicitado un informe sobre lo ocurrido para dar parte a la Fiscalía, y si fuera necesario procederá al cierre del centro, indica el citado periódico.
Conforme al relato de los menores en su escrito, el pasado jueves uno de los chicos recibió «golpes fuertes» por parte del director mientras lo sujetaba otro empleado y, al escuchar sus gritos, varios menores «rompieron la puerta» para acceder a la habitación donde sucedieron los hechos.
Amenazas a los menores
Estos chicos, según el periódico, al día siguiente, el viernes, fueron «amenazados» si contaban algo de los ocurrido y ese mismo día 23 menores se escaparon del centro, si bien los trabajadores trataron de impedir su marcha y a uno en su intento le ocasionaron rasguños, según el escrito presentado al Juzgado por los doce menores, tras intentar sin éxito poner en conocimiento estos supuestos hechos en la comisaría de San Cristóbal de Las Palmas de Gran Canaria.
Los doce denunciantes de los supuestos hechos no han regresado al centro de acogida, por lo que los representantes de los menores migrantes no acompañados han denunciado a la Policía Nacional su fuga, tal y como establece la ley.
La gestión de este centro de acogida, con capacidad para albergar a 71 menores migrantes, se le asignó a la citada ONG por el anterior Ejecutivo autonómico en 2021, indica La Provincia.
La Fundación Respuesta Social Siglo XXI está sometida a una investigación por una supuesta malversación de fondos públicos destinados a la atención de menores migrantes, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra la ONG.
Nuevas normas en el centro
Los responsables del centro decidieron imponer nuevas normas a los menores. Esta decisión llegaba según han informado fuentes a Televisión Canaria tras encontrar una gran cantidad de material robado entres sus pertenencias.
El trabajador que protagonizaba este altercado ya se le retiró de su puesto. El Gobierno de Canarias está llevando a cabo un expediente informativo en el centro que de momento no ha concluido.
Desde el Ejecutivo regional reconoce que debido al gran aumento en el número de llegadas de menores migrantes no se ha podido supervisar la actividad de los centros de manera correcta y que se trabaja para solventar esta situación.
Reubicaciones de varios migrantes
El informe elaborado por un equipo de inspección de la Dirección de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias concluye que varios de los residentes en el centro de menores migrantes de Las Palmas de Gran Canaria denunciado por supuestos malos tratos el viernes serán reubicados próximamente.
El informe sobre el centro de menores de Tafira, gestionado por la ONG Fundación Respuesta Social Siglo XXI, se ha puesto a disposición de la Fiscalía con dos conclusiones básicas: hubo incidentes en el interior del recurso días antes de la fuga de menores que se produjo hace pocas fechas y se trasladará a varios menores a otros lugares, según han informado a EFE fuentes del departamento regional.
El expediente abierto por dos técnicas de la Dirección General «revela incidentes durante los días previos a la fuga de los adolescentes que hicieron necesario el refuerzo de educadores por parte de la entidad».
Asimismo, han apuntado, el Ejecutivo autonómico «trasladará a otros recursos alojativos a algunos de los chicos para mejorar la convivencia» en el centro. La Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias también ha apuntado que continuará actuando en el centro «en función de lo que determine la justicia».
