La Fiscalía Anticorrupción solicitó este miércoles al juez que instruye el ‘caso Valka’ que imputara a la concejala de Servicios Públicos de Las Palmas de Gran Canaria al apreciar indicios de que contribuyó a un «expolio de 400.000 euros»
El titular del Juzgado ha dictado un auto esta tarde en el que ordena investigar a la concejala del grupo de Gobierno Inmaculada Medina (PSOE) por malversación, prevaricación y falsedad documental en el ‘caso Valka’, tal y como solicitó este miércoles la Fiscalía Anticorrupción.
El juez que instruye el caso Valka, relacionado con una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha acordado investigar a la concejal del PSOE Inmaculada Medina por su posible implicación en pagos inflados a una empresa de suministro de agua.
Según auto dictado este jueves, al que ha tenido acceso a EFE, el magistrado Rafal Passaro la investigará a Medina por posibles delitos de malversación de caudales públicos agravado por perjuicio superior a 250.000 euros, falsedad de documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración.
Y ello a petición del fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, quien aprecia indicios de que contribuyó a un «expolio de 400.000» euros entre los años 2015 y 2022, en los que la actual concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, fue edil de Servicios Públicos.
Otros investigados
Así mismo, el juez ha decidido investigar por los mismos delitos al jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines, el funcionario Sergio G.C..
La investigación tiene como objetivo aclarar lo sucedido con cuatro contratos de suministro de agua en tomadero y de riego de jardines de Las Palmas de Gran Canaria adjudicados a Guerra Patrimonial FGG, empresa que también será investigada como persona jurídica por cohecho y malversación de caudales públicos, como solicitaba Ródenas en el escrito que remitió al juzgado.
El magistrado considera en su auto que procede investigar los hechos que propone el Ministerio Fiscal ante la «gravedad» de los mismos, el perjuicio superior a los 250.000 euros causado al patrimonio municipal, y por la necesidad de delimitar con precisión las responsabilidades penales individuales y corporativas.
