El Defensor del Pueblo ha pedido a la Policía que le informe sobre si se respeta el derecho de los inmigrantes a moverse por todo el territorio nacional, aunque hayan entrado en España de manera irregular, ante las quejas de los colectivos que denuncian que los están bloqueando en Canarias.
Desde diciembre, varias ONG y letrados que trabajan con inmigrantes llegados en patera vienen denunciando que la Policía ha cerrado en la práctica el acceso a los puertos y aeropuertos de Canarias a los irregulares, a los que se impide -dicen- tomar vuelos y barcos a la península, aunque estén identificados con pasaporte.
La Delegación del Gobierno sostiene al respecto que no existe ninguna instrucción de «bloquear» a los inmigrantes en Canarias para que no accedan al resto de España, sino que la Policía vela por que se cumplan las restricciones de entrada para todo tipo de viajeros que han decretado algunas autonomías debido a la pandemia de covid.
En una carta con registro de salida de ayer, 11 de febrero, a la que ha tenido acceso Efe, Francisco Fernández Marugán explica que se ha dirigido a la Dirección General de la Policía para pedirle información sobre cuatro aspectos concretos relativos al trato que reciben los inmigrantes que han llegado a las costas de Canarias.
Le pide, en primer lugar, detalles sobre «las condiciones materiales» de algunas instalaciones que la Policía utiliza para la detención y custodia de quienes han entrado de forma irregular en Canarias; y le pregunta, en segundo, si se ofrece a estas personas la asistencia de un abogado y de un intérprete que hable su lengua mientras tramitan su expediente de devolución.
En tercer lugar, Fernández Marugán inquiere sobre «la falta de detección de perfiles especialmente vulnerables, tales como menores, mujeres, potenciales víctimas de trata y personas con necesidades de protección internacional«; entre otros motivos, porque la Delegación del Gobierno en Canarias le ha confirmado que entre los 23.023 inmigrantes africanos llegados a las islas en 2020 no se apreció que hubiera ninguna mujer o menor víctima de un delito de trata.
Y finalmente pregunta a la Policía por «el ejercicio del derecho a la libre circulación y residencia por todo el territorio español de aquellas personas en situación documental irregular, una vez transcurrido el plazo de 72 horas y, en su caso la cuarentena sanitaria, en aquellos supuestos en los que no se solicite y autorice su ingreso en centro de internamiento de extranjeros».
Ese párrafo del Defensor del Pueblo alude, implícitamente, a las quejas que varias ONG y letrados le han transmitido sobre el supuesto «bloqueo» de los puertos y aeropuertos que impide a los inmigrantes desplazarse libremente por España (a lo que tienen derecho, salvo que estén detenidos, en cuarentena o en un CIE).
Entre las organizaciones que se han quejado de esa situación figura la Coordinadora de Barrios de Madrid, a la que se dirige Fernández Marugán en la carta de la que Efe tiene una copia.
En ese documento, el Defensor no solo cita los asuntos de los que espera que la Policía le informe, sino que además explica que se ha puesto en contacto con el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones para exponerle su «preocupación» sobre «las condiciones de las instalaciones de acogida y atención humanitaria» en Canarias, que deben ser «adecuadas, suficientes y bien dotadas», y sobre la necesidad de «valorar traslados a la península».
Como hizo con la Policía, le dice al Ministerio que le preocupa «la falta de detección de perfiles vulnerables» y que los menores, mujeres, potenciales víctimas de trata y personas con necesidades de protección internacional «no se encuentran en recursos adaptados a sus necesidades».
Finalmente, le insta a «mejorar los protocolos para prevenir contagios de covid-19» en las instalaciones de acogida.
