El aumento en un 64% de las quejas hace que el Diputado del Común de Canarias asegure que «no se está garantizando el derecho a una vivienda digna»
La Diputación del Común prepara un informe extraordinario sobre la situación del acceso a la vivienda en Canarias tras registrar un aumento del 64% en el número de quejas en 2022 dado que, según el Diputado del Común, no se está garantizando el derecho a una vivienda digna.
Así lo ha avanzado este lunes en rueda de prensa el Diputado del Común, Rafael Yanes, tras entregar el informe anual del año pasado al presidente de la Cámara, Gustavo Matos, incidiendo en la gran «preocupación» que muestra la sociedad del archipiélago.
Yanes ha destacado que Canarias necesita un parque público de viviendas «suficiente» para hacer frente a la demanda dado que apenas cuenta con unas 16.200 viviendas para alquiler y harían falta, al menos, otras 17.000.
Necesidad de construcción de vivienda pública
Ha recordado que durante la década de los años 90, la comunidad autónoma vendió unas 20.000 en alquiler a sus inquilinos por razones de interés social y se «olvidó de construir» otras 20.000 viviendas por lo que ve necesario acometer una nueva ‘ola’ de construcción de vivienda pública y que la legislación impida su venta a manos privadas.
Sobre la limitación de compra de vivienda a los no residentes cree que la propuesta tiene «difícil encaje legal» porque en la UE «el acceso a la propiedad está garantizado», tanto para un alemán que quiera comprar en Canarias como para un canario que quiera hacer lo mismo en Alemania.
En su opinión, lo que tienen que hacer las administraciones es «ayudar» a que los ciudadanos puedan comprar o alquilar una vivienda.
Tope al precio del alquiler
En cuanto a poner un tope al precio del alquiler ha señalado que es un «debate partidario» entre las distintas formaciones políticas en el que no le compete «entrar».
Yanes ha cargado también contra el «abuso intolerable» de las administraciones públicas con el uso de la cita previa, que siendo «aconsejable» porque da un trato «preferente» al ciudadano, no puede ser obligatorio. «Es inadmisible», ha agregado.
Ha comentado que la atención telefónica no está garantizada porque muchas veces «no se coge el teléfono o atiende una máquina que confunde» a las personas y en cuanto a la telemática, hay muchas zonas de las islas aún sin acceso a internet y unas 66.000 personas que viven solas y no tienen conocimientos tecnológicos.
Yanes ha sido especialmente crítico con las oficinas de la Seguridad Social donde el vigilante de seguridad «impide entrar» a los ciudadanos aunque haya funcionarios disponibles, lo que genera una gran «indefensión».
«No es admisible», ha apuntado, de tal manera que se lo ha comunicado al Defensor del Pueblo, quien ya ha mantenido contactos con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para buscar una solución.
3.000 quejas el año pasado
En total, la Diputación del Común recibió el año pasado 2.925 quejas, que sumadas a las que quedaron vivas el año anterior suman algo más de 4.000, lo que para Yanes confirma que se ha vuelto «a la normalidad» tras la pandemia.
La institución acumula un aumento del 63% de las quejas en los últimos cinco años y en 2022 se creó un capítulo especial para damnificados por la erupción volcánica de La Palma que tramitó un total de 86.
La dependencia sigue siendo el área que tiene más quejas, si bien descendieron un 36%, mientras que las relacionadas con las tecnologías de la comunicación y la información fueron las que más descendieron tras cerrarse un conjunto de peticiones de vecinos de un barrio de Gran Canaria por los problemas con la conectividad a internet.
Yanes ha resaltado también que el 67% de los expedientes cerrados se resolvieron en favor de los ciudadanos, hubo 75 recordatorios de cumplimiento de obligaciones legales a las administraciones públicas y 149 advertencias de obstruccionismo.
