El Gobierno de Canarias y CEAR subrayan la necesidad de modificar la Ley de Extranjería para mejorar la integración y protección infantil
El Gobierno de Canarias y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han coincidido en que la situación de los menores migrantes en Canarias es insostenible, lo que impide el adecuado desarrollo de proyectos de integración y inclusión social.
En un encuentro presidido por el presidente Fernando Clavijo, el Ejecutivo regional mantuvo una reunión con la nueva codirección de CEAR, integrada por Mónica López y Mauricio Valiente, junto con el coordinador territorial en las islas, Juan Carlos Lorenzo. Todos coincidieron en la urgente necesidad de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para permitir la redistribución de los menores entre las comunidades autónomas y evitar el colapso en Canarias.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, señaló que «es probable que a finales de semana tengamos el documento, una necesidad extraordinaria debido a las previsiones de ACNUR y la Guardia Civil, que anticipan una llegada masiva de personas durante los meses de verano.» Además, destacó la continua colaboración con CEAR en proyectos destinados a la emancipación de los menores cuando dejan de estar bajo tutela.
Juan Carlos Lorenzo, por su parte, advirtió que la magnitud del fenómeno migratorio está obstaculizando el desarrollo de proyectos de integración en curso y subrayó la importancia de reforzar los itinerarios de inserción sociolaboral.
Protocolo con 18 medidas para la protección de los menores migrantes
En el contexto del Pacto Europeo de Migración y Asilo, Delgado presentó un protocolo con 18 medidas para la protección y atención a la infancia migrante, previamente expuesto en Bruselas al director de Asuntos Horizontales, Migración y Asilo de la Comisión Europea, Michael Shotter.
Las propuestas incluyen la creación de una red de recursos de primera acogida en zonas fronterizas, fondos de financiación comunitarios y plurianuales, declaración de emergencia social en territorios fronterizos, y agilidad en la determinación de la edad de los menores. También se enfocan en la atención a la diversidad y salud mental, la creación de itinerarios formativos, un banco de familias de acogida, y programas de atención a jóvenes extutelados. Otras medidas abarcan formación especializada para la detección de violencia sexual, cobertura jurídica, planes de formación para el personal, planes de retorno con garantías, reagrupamientos familiares en la UE, y mecanismos contra el racismo y la xenofobia.
Estas medidas buscan que Europa y España, en particular, integren estas propuestas en el Pacto de Inmigración y Asilo, basándose en la experiencia de Canarias como frontera sur y en su lucha diaria por proteger a la infancia no acompañada.
