La polémica surge de la definición de alojamiento rústico, calificación que solo pueden tener aquellas viviendas que tienen algún valor patrimonial etnográfico protegido
El sector turístico rural pide protección frente a lo que considera una competencia desleal: las viviendas en entornos rústicos que cuentan con licencia de alquiler vacacional sin que se consideren patrimonio protegido, aunque se venden y publicitan como alojamiento rústico.
La polémica surge de la propia definición de alojamiento rústico, calificación que solo pueden tener aquellas viviendas que tienen algún valor patrimonial etnográfico protegido y que en Canarias tenemos algo más de 1.000 unidades.
Frente a ello, en los últimos 10 años han proliferado hasta cinco veces más, unas 5.000 viviendas en entornos rurales que cuentan con licencia de vivienda vacacional, pero no son alojamientos rústicos.
Ahora mismo, en Canarias hay activas unas 900 casas rurales protegidas que generan 5.000 plazas turísticas y facturan 22 millones de euros al año, un 1 % del PIB canario. El sector pide al Gobierno canario que se proteja la vivienda rústica por su valor patrimonial y cultural.
