Esta norma deberá convalidarse en el Parlamento de Canarias y las medidas costarán unos 29,8 millones de euros
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes un decreto ley que recoge un conjunto de medidas fiscales, económicas y de apoyo directo a los sectores productivos con el objetivo de paliar los efectos de la crisis internacional derivada de la guerra en Oriente Medio.
La norma será de aplicación desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y se convalidará en el Parlamento de Canarias.
Medidas específicas para el archipiélago
Según una nota del Gobierno de Canarias, este paquete de actuaciones responde a la necesidad de adaptar al archipiélago las medidas estatales que no resultan de aplicación directa en Canarias debido a su régimen fiscal específico, y reforzar así el escudo socioeconómico en la región.
El conjunto de medidas tendrá, finalmente, un coste estimado de 29,8 millones de euros, que podría alcanzar los 60 millones de euros anuales en caso de prolongarse la crisis.
La aprobación del decreto ley se justifica por la evolución del conflicto y su impacto inmediato en los precios de la energía, los combustibles, el transporte y los bienes básicos, con especial incidencia en sectores estratégicos como el transporte, el turismo, el sector primario y la industria.
Productos energéticos y básicos
El decreto ley aplica temporalmente el tipo cero del IGIC a productos energéticos como combustibles, gas o biomasa para abaratar costes a familias y empresas, con un impacto estimado de 14,1 millones de euros anuales. También aumenta hasta el 99% la devolución del impuesto sobre combustibles para agricultores y transportistas, con un coste de 19,4 millones al año.
Además, se amplía el IGIC al 0% a productos básicos como la sal, la mantequilla y el café, con el objetivo de aliviar el gasto doméstico. Esta medida tendrá un coste aproximado de 3,2 millones de euros anuales.
Para los autónomos, se eleva a 50.000 euros el límite de facturación para acogerse al régimen simplificado del IGIC, reduciendo cargas fiscales y administrativas. Esta medida es voluntaria y supondrá un coste estimado de 12,5 millones de euros.
Por último, se destinan 7,2 millones de euros al apoyo de los sectores industrial y primario. El Gobierno de Canarias destaca que estas medidas responden a la situación económica actual y reclama que futuras políticas estatales tengan en cuenta las particularidades del archipiélago.
