Esta decisión da la razón a Canarias por la atención de los menores migrantes
El Tribunal Supremo (TS) aceptó este lunes examinar si el Estado tiene alguna competencia que asumir en la primera acogida de los menores migrantes que llegan a España sin adultos a su cargo, como sostiene el Gobierno de Canarias.
En un auto adelantado por la Cadena SER al que ha tenido acceso EFE, el Supremo abre un tercer litigio en el pulso legal que desde septiembre mantienen el Gobierno de España y el de Canarias sobre cuáles son las competencias de cada uno en esta materia.
El Estado acogerá 1.100 menores de manera cautelar
El primer liticio, ante el Tribunal Constitucional (TC), lo ganó el Estado al conseguir revocar el protocolo aprobado por su cuenta por el Gobierno de Canarias. El segundo, ante el TS, ha dado un alivio a las islas tras ordenar al Gobierno de España, de forma cautelar, que se haga cargo de la acogida de 1.100 menores que han solicitado asilo.
En este tercer pleito, el Gobierno de Fernando Clavijo llevó a los tribunales al Estado al no obtener respuesta a su requerimiento de que «ejerza todas las actuaciones correspondientes a su competencia constitucional de primer momento en materia migratoria respecto a los menores migrantes no acompañados, que están recogidas en su Protocolo Marco estatal».
Además, solicitó que, mientras tanto, se proporcione la atención inmediata necesaria con los medios previstos en el artículo 35.11 de la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX).
La Abogacía del Estado intentó despachar este asunto pidiendo al Supremo que ni siquiera admitiera a trámite el recurso. Bajo su criterio, el Gobierno de Canarias es la administración competente «en materia de acogida de los menores migrantes, sean o no acompañados y sean o no solicitantes de protección internacional».
Para ello, se apoyó en «la reciente sentencia del Tribunal Constitucional del 12 de febrero»; es decir, el fallo que tumbó el protocolo con el que el Gobierno de Canarias pretendía imponer a las fuerzas de seguridad y a la Administración del Estado los trámites que debían completar antes de dejar bajo su custodia a un menor.
El Supremo examinará el recurso canario
El fallo mencionado de la Corte de Garantías recordaba al Gobierno de Canarias las competencias amplias que tiene en materia de menores. Al mismo tiempo, hacía una advertencia al Gobierno de España y al resto de comunidades autónomas sobre el deber constitucional de «solidaridad» que deben asumir.
Según el mismo, se trata de una cuestión que sobrepasa la capacidad de una sola región, como es la acogida de casi 6.000 menores llegados en pateras y cayucos a las islas, por lo que la implicación del conjunto del Estado se considera necesaria.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo decide, por ahora, que le corresponde juzgar el caso, admite la petición del Gobierno de Canarias y, sin prejuzgar una respuesta, anuncia que examinará su recurso y fallará lo que corresponda en derecho.
